Ginebra.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, participó en la apertura de la trigésima sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde presentó los avances de México en esta materia y reiteró ‘‘el irrestricto compromiso del país en la promoción y protección de la libertad de expresión’’.

Destacó que se han realizado importantes mejoras en la metodología y procedimientos internos del Mecanismo de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos. Para ello se está trabajando con la organización Freedom House y se ha logrado superar el rezago en el análisis de los casos.

‘‘A esta fecha –destacó Campa–, el mecanismo protege a casi 450 defensores y periodistas, sin un solo incidente grave en los pasados 12 meses.’’

Dijo que ‘‘de forma congruente con el enfoque integral que hemos promovido en el seno de este consejo, hemos llevado a cabo acciones para la promoción de medios libres y diversos, el fomento al acceso a la información, la búsqueda de accesibilidad a nuevas tecnologías de la comunicación sin discriminación y la protección de periodistas y comunicadores’’. Dijo que México ha tomado una serie de medidas que incluyen a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, dependiente de la Procuraduría General de la República. A partir de una reforma constitucional, esta fiscalía tiene la facultad de atraer investigaciones sobre delitos del fuero común cometidos en contra de cualquier periodista, refirió.

El funcionario también comentó sobre la propuesta de ley general contra la desaparición forzada, que incluye elementos en materia de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, registros y bases de datos, tipo penal y sanciones, y atención a víctimas y sus familiares. El proyecto tomará en cuenta las recomendaciones del Comité de Desaparición Forzada, así como las del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en torno a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos.

Campa hizo un recuento de las acciones emprendidas por el gobierno federal para llegar a la verdad de lo ocurrido con los jóvenes, entre ellas la petición a la CIDH para la creación del GIEI y la decisión de incorporar sus resultados y recomendaciones a la investigación oficial.