n México, la intervención de las fuerzas armadas en operativos y acciones contra el narcotráfico comenzó durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, situación que se ha prolongado hasta nuestros días. Pero Felipe Calderón Hinojosa desató una guerra contra las drogas con la injerencia directa de las secretarías de Defensa y Marina.
En este contexto, las fuerzas armadas se han estado enfrentando también al escrutinio de la sociedad y de las organizaciones civiles, ya que se les ha acusado en reiteradas ocasiones de violaciones a los derechos humanos, siendo incluso algunos de sus elementos procesados y sentenciados bajo las leyes militares y civiles.
Asimismo, por cinco años consecutivos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha sido la institución que ha encabezado las listas de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por diversos abusos, seguida de cerca por la Secretaría de Marina (http://bit.ly/1Ih1BIG).
Ante los múltiples cuestionamientos, incluso el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, se ha manifestado en favor de legislar sobre la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado, y ha dicho en varias ocasiones que en cuanto reciba la orden de abandonar las calles, la cumplirán de inmediato, si ahorita me ordenaran que mañana a las seis de la mañana no haya un soldado en las calles, mañana no habría en las calles un solo soldado
, sostuvo en una entrevista.
De acuerdo con un reporte elaborado por Insight Crime – think tank que se dedica al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe, el crimen organizado–, existe un creciente aumento en la evidencia que sugiere que la militarización de la seguridad interna de los países lesiona los derechos humanos y tiene poco impacto sobre el crimen y la violencia a largo plazo
(http://bit.ly/1LUZVHS).
Insight Crime formula el siguiente cuestionamiento: ¿por qué entonces los gobiernos latinoamericanos siguen atraídos por la adopción de estas políticas de mano dura
? Esto después de analizar el panorama de la seguridad en Latinoamérica, y descubrir que los tres países más violentos son precisamente los que están utilizando un enfoque militarista para su seguridad interna: El Salvador, Venezuela y México (http://bit.ly/1BPRQhc).
De acuerdo con el informe de referencia, muchos estudios han demostrado que la violencia aumentó en aquellas zonas de México donde se desplegaron tropas para combatir a los cárteles. Por ejemplo, Amnistía Internacional identificó un aumento de 600 por ciento en los reportes de torturas por las fuerzas de seguridad entre 2003 y 2013 (http://bit.ly/1NaRzMS).
Uno de los principales argumentos de las ONG y quienes cuestionan la presencia del Ejército en las calles es que los soldados están entrenados para combatir y abatir enemigos, no para resolver conflictos o investigar delitos, no se les ha preparado para vigilar la escena del crimen.
Ante ello, el propio gobierno mexicano ha reconocido que el gran problema en nuestro país es que en muchos de estos lugares, la policía es o era ineficiente o está cooptada por el crimen organizado y los cárteles, motivo por el cual las fuerzas armadas tuvieron que sumarse a las labores de seguridad.
Sin embargo, en muchas ocasiones es la propia sociedad la que solicita la presencia del Ejército. Según la encuesta Americas Barometer 2014, realizada por la Universidad de Vanderbilt, la mayoría de los consultados en los países latinoamericanos están de acuerdo con el hecho de que las fuerzas armadas participen en la lucha contra el crimen. En el caso de México, 76 por ciento de los entrevistados dijo aceptar su presencia en las calles (http://bit.ly/1zvLsJY).
Dos son los elementos que inciden en esta conducta por parte de la ciudadanía, que aunque reconoce que las violaciones del Ejército sí se han presentado, tiene la percepción de que las corporaciones policiacas son corruptas y están poco capacitadas, además –aunque en los últimos meses la actuación de las fuerzas armadas ha sido ampliamente cuestionada después de sucesos como los de Tlatlaya y Ayotzinapa–, siguen manteniendo los mejores niveles de confianza y aceptación.
De acuerdo con el Informe país realizado por el INE y El Colegio de México, el Ejército es la institución en que más confían los ciudadanos, con 62 por ciento de aceptación, no obstante, es importante destacar que este nivel de confianza ha disminuido 10 puntos desde 2010 (http://bit.ly/1lJO7dd).
En su tercer Informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto ponderó el esfuerzo y dedicación de las fuerzas armadas, al tiempo que reconocía que actualmente se vive una crisis de confianza en las instituciones; sin embargo, para abatir esta problemática propuso como uno de 10 puntos de acción, la creación de legislación que fortalezca el estado de derecho, y es que en seguridad, procuración y administración de justicia urge tener sistemas eficaces, eficientes y confiables.
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