Especialistas y maestros consideraron que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 para el sector educativo es un escalón más hacia un proceso de abandono del Estado en su tarea de preservar y financiar la educación pública.

Enfrentamos, agregó Lucía Rivera, experta de la Universidad Pedagógica Nacional, un escenario desalentador. Cada vez hay más indicios de que la operación cotidiana de las escuelas estará más y más sobre los hombros de los padres de familia, quienes deberán poner recursos de su bolsillo para atender necesidades básicas.

Por su parte, directores de primaria y secundaria señalaron que los llamados bonos de infraestructura escolar son la evidencia clara de que este gobierno pretende abrir a la iniciativa privada hasta la construcción de las escuelas, porque dignificarlas no es una prioridad para este gobierno.

De acuerdo con el proyecto del PEF 2016, el programa de la reforma educativa, que este año tiene fondos por 7 mil 500 millones de pesos, para 2016 se proponen recursos por 5 mil 476.4 millones, es decir, hay un recorte de 2 mil millones de pesos.

A ello se suma la fusión de los programas de escuela Digna y de Calidad, que en total contaron este año con 4 mil 769 millones de pesos, y que ya no están contemplados para el año próximo.

En tanto, el presupuesto proyectado para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) se incrementó en 220 millones de pesos, al pasar de mil 20 millones en 2015 a mil 240 millones para 2016. Sin embargo, el próximo año el organismo autónomo deberá atender la evaluación de 250 mil trabajadores de la educación, mientras este año sólo se tiene previsto examinar a 150 mil.

El proyecto del PEF 2016 contempla también la creación de una nueva coordinación en el INEE responsable de atender las oficinas en los estados, para lo cual le asigna 238.3 millones de pesos, es decir, más de lo que aumentó su presupuesto anual. Mientras los gastos destinados a la presidencia del INEE, y que en el proyecto presupuestal aparece con el rubro de Junta de Gobierno, pasarán de 30.5 a 33.2 millones de pesos.

Al respecto, Lucía Rivera consideró que tenemos un escenario bastante complicado. Por un lado hay restricciones, recortes, programas que se compactan; por otro, tenemos problemas con esa normalidad mínima que es responsabilidad de la administración educativa. Los directores de las escuelas no son quienes contratan al personal, son las administraciones locales las que controlan plazas y recursos. Son los que tienen la obligación de cubrir estos recursos y no lo están haciendo.

Las condiciones de trabajo en las escuelas se están precarizando a velocidad acelerada, dijo. Pareciera que a propósito se están creando las condiciones para un escenario más empobrecido y precario, que puede justificar casi cualquier cosa: enormes restricciones presupuestales, los pocos recursos concentrados a escala central entregados a cuentagotas y muy condicionados.