Organizaciones defensoras de los derechos humanos de todo el continente americano solicitaron al gobierno mexicano que cumpla con las recomendaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa.

Las Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales, ambos de Argentina; la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA); la Comisión de Justicia y Paz, de Colombia, y otros 66 organismos firmaron una carta en la que expresaron su esperanza de que en la reunión que el presidente Enrique Peña Nieto sostendrá con familiares de los normalistas desaparecidos haya una explicación clara sobre los pasos a seguir para que se haga justicia.

El compromiso hecho por Peña Nieto de recibir a los familiares de los estudiantes atacados en la ciudad de Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre del año pasado es un gesto fundamental en aras de la reivindicación de las víctimas y sus familias, apuntan.

En el texto aseguran que han seguido con atención la colaboración del gobierno con el GIEI, que hace unos días presentó su informe del caso, en el que contradice las investigaciones oficiales sobre la desaparición de 43 normalistas. El documento de los expertos de la CIDH cuenta con el apoyo absoluto de las organizaciones firmantes, de acuerdo con el mensaje.

Consideramos que contiene aportes sustanciales para la debida investigación y esclarecimiento de los hechos, y por ello solicitamos al gobierno mexicano que refrende su voluntad de hacer justicia en este caso y garantice el cumplimiento cabal de las recomendaciones formuladas por el grupo de expertos independientes.

Concuerdan con el GIEI en que la problemática de la desaparición trasciende el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ya que afecta a miles de familias en México.

Por ello demandan que el gobierno cumpla con las recomendaciones que el grupo de expertos hizo para la búsqueda e investigación de las personas desaparecidas, y que garantice el derecho de sus familiares a acceder a la verdad. Esto, dicen, será un primer paso para poner fin a la espiral de impunidad que tanto ha lastimado a la sociedad mexicana durante décadas.

Por último, las organizaciones respaldan la solicitud de las víctimas y sus familiares, de extender el mandato del GIEI hasta que los lamentables hechos ocurridos en Iguala sean totalmente esclarecidos.

Otros de los 70 grupos que firmaron la carta son la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, de Colombia; la Asociación pro Derechos Humanos, de Perú; el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, de Venezuela; la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, de Ecuador; la Coordinadora de Derechos Humanos, de Paraguay; el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, además de organizaciones de Bolivia, Chile, Costa Rica, Brasil, Honduras, Guatemala, Nicaragua y México.