Quito.

El gobierno de Colombia exigirá a Venezuela reunificar a por lo menos 465 familias separadas por las deportaciones masivas, en el contexto del encuentro de cancilleres de ambos países en Ecuador, en el cual, se espera, se acordará una reunión de presidentes que ponga fin a la crisis diplomática y fronteriza, que ya ha dejado unos 20 mil colombianos afectados, incluidos millar y medio de repatriados.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su confianza en que de la reunión, en Quito, salga la agenda para una frontera de paz entre Colombia y Venezuela, y muy pronto se lleve a cabo una reunión cara a cara con su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, con respeto y diálogo.

“Son muchas verdades que deben decirse. Me vi obligado a aplicar un torniquete en la frontera para proteger al pueblo del paramilitarismo, el bachaqueo, el contrabando y el crimen generalizado”, destacó Maduro durante un acto político, en el que anunció un plan especial de poblamiento en la frontera.

Después de semanas de tensión los dos gobiernos reanudaron sus contactos diplomáticos, interrumpidos por el llamado a consultas de los respectivos embajadores, a raíz del cierre de puntos limítrofes ordenado por Caracas el 19 de agosto.

Las cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín, y de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encontraron este sábado en Quito a instancias de Ecuador y Uruguay, que acompañan la reunión como presidentes pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y de la Unión de Naciones Sudamericanas.

Holguín expresó su mejor ánimo para iniciar el encuentro. En su turno, Rodríguez aseveró: Venimos a una reunión muy importante para crear condiciones para la reunión de los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro. El 26 de agosto, ambas cancilleres hablaron en el puerto caribeño de Cartagena de Indias pero no lograron una salida a la crisis.

La reunión de este sábado, que se realizó con la presencia de los cancilleres ecuatoriano, Ricardo Patiño, y uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, apunta a definir la fecha y sede de la cita de Santos y Maduro, quien ordenó el cierre parcial de la frontera tras un ataque que dejó heridos a tres militares venezolanos, agresión que el gobernante socialista atribuyó a paramilitares colombianos.

Desde entonces han sido deportados mil 482 colombianos y casi 20 mil han retornado por miedo a ser expulsados, según la Organización de Naciones Unidas.

Mientras Venezuela defiende la medida como parte de una ofensiva para limpiar la frontera de paramilitares y contrabandistas, el gobierno de Santos ha denunciado un drama humanitario por la arbitrariedad con que, según autoridades, han actuado los militares venezolanos.

Caracas insiste en afirmar que Bogotá no toma las medidas suficientes para garantizar la seguridad en la región, contener a los grupos armados irregulares y frenar el contrabando de alimentos y gasolina de Venezuela a Colombia.

El gobierno de Colombia tiene como prioridad la defensa de los derechos humanos de las familias colombianas deportadas desde el pasado 20 de agosto, cuando el gobierno del presidente Maduro comenzó las deportaciones. Las autoridades han recibido 465 solicitudes de reunificación familiar. Muchas de estas personas se encuentran en los albergues que dispuso el gobierno de Colombia en la ciudad fronteriza de Cúcuta.