Conforme a la gran expansión que el fenómeno migratorio ha tenido en las décadas pasadas, se ha dado un incremento de actividades de la delincuencia organizada trasnacional. En 2012, las ganancias del crimen organizado en el planeta se estimaron en 870 mil millones de dólares, equivalentes a más de 1.5 por ciento del producto interno bruto mundial, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

El organismo también considera que cerca de 230 millones de personas no radican en su país de origen. Al menos en México, el gobierno federal espera que este año serán regresados por su frontera norte aproximadamente 200 mil personas y un número similar, aunque con tendencia creciente, es el que las autoridades nacionales habrán de rescatar y en muchos casos devolver a su país por la frontera sur, señaló el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián.

Durante la Conferencia Internacional Metrópolis 2015, organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México, insistió en que ninguna nación es ajena al tráfico de personas.

Tampoco lo son a la trata de personas, cuyo comercio en el mundo, mencionó, está valuado en miles de millones de dólares por año. Por ejemplo, se estima que en 2009 el tráfico ilegal de 3 millones de migrantes de América Latina al hemisferio norte del continente generó más de 6 mil 600 millones de dólares.

Apuntó que en México el tráfico de personas debe ser analizado desde dos puntos de vista que se relacionan con su combate: como asunto de respeto a los derechos humanos de los migrantes, y desde la perspectiva de los gobiernos y la protección de sus nacionales en materia de seguridad nacional y pública.

Señaló que como país de origen, de tránsito y de destino de movimientos migratorios, la nación mexicana enfrenta el reto de atender y dar respuesta a la multiplicidad de problemas desde un enfoque de derechos humanos.

Así que algunas de las acciones puestas en marcha, precisó, son a partir de las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos.

Citó entre ellos que por primera vez se cuenta con un programa especial en materia migratoria, mediante el cual se establecen los lineamientos generales de la política y gestión migratorias, para instrumentar principios fundamentales y derechos humanos de los migrantes.

Campa Cifrián agregó que el tráfico de personas constituye, además de una violación a las garantías individuales, un atentado a la integridad y a la dignidad, que incluso puede llevar a una situación de esclavitud de las víctimas y poner en riesgo sus vidas.

Insistió en que es necesario que los derechos humanos se establezcan como centro para prevenir el tráfico de personas, pues permite entender que esta actividad delictiva no sólo es un problema de migración, de orden público y de crimen organizado, sino que está vinculado con la discriminación e inequidad.

Las imágenes que en días recientes dieron la vuelta al mundo sobre la ola de migración en Europa son, sin duda, un llamado de atención a la comunidad internacional, agregó.