Defensores de derechos humanos de Brasil, Argentina y Perú expresaron en el Senado que la región latinoamericana ve con preocupación el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y en general los más de 25 mil mexicanos que han sido víctimas de desaparición forzada, sin que los responsables hayan sido castigados.

Es doloroso y grave lo que se vive en México, lo vemos con mucha preocupación en toda la región, porque el efecto de lo que está pasando se vive en toda América Latina, recalcó ­Jessica Morris, directora ejecutiva de la Organización Conectas, de Brasil.

Alertó del riesgo de que la impunidad para las atrocidades que vivió Brasil durante las dictaduras militares de las décadas de los sesenta y setenta, se repita en México con los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala hace casi un año.

Durante el foro La justicia transicional y el combate a la impunidad por violaciones graves de derechos humanos: la experiencia de Argentina, Brasil y Perú, el director ejecutivo del del Centro de Estudios Legales de Argentina, Gastón Chillier, resaltó que el problema en México viene de años atrás, al no haber juzgado crímenes graves en el pasado, como la masacre estudiantil de Tlatelolco, en 1968.

Como sociedad debemos preguntarnos qué nos pasa para permitir atrocidades como la de Ayotzinapa, recalcó a su vez el catedrático peruano David Lavatón, representante de la Fundación para el Debido Proceso, con sede en Washington.

Advirtió que si una democracia quiere ser tratada como tal en la comunidad internacional, entonces debe comportarse como tal, toda vez que si se comporta como una dictadura, lo único que va a conseguir es la condena internacional que merece.

En ese evento, organizado por la senadora del PRD Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la brasileña Morris advirtió que para evitar crímenes como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, es necesario fincar responsabilidades contra quienes los cometieron.

Debemos crear una nueva realidad para nuestro continente latinoamericano, donde la impunidad ya no exista. Recordó que en 1964, Brasil pasó de un régimen democrático a una dictadura militar en la que miles de personas fueron desaparecidas, exiliadas, ejecutadas y se limitaron las libertades de expresión, prensa y asociación y los responsables no fueron castigados, porque en 1979 se amnistió a todos los que cometieron violaciones graves de derechos humanos.

Por su parte, el director ejecutivo de CELS, Gastón Chillier, resaltó que América del Sur “mira con atención y preocupación lo que pasa en México, no sólo por el caso Ayotzinapa, sino por la desaparición de más de 25 mil personas. Hacer justicia en torno a esos crímenes es fundamental para dar respuesta a las víctimas y para garantizar que no se vuelvan a repetir.

En su intervención, la legisladora Angélica de la Peña recalcó: Tenemos una ruta marcada inexorablemente por los acontecimientos en Iguala, Guerrero, lo que obliga a los grupos legislativos del Senado a mostrar la voluntad política necesaria para impulsar una legislación que sirva eficazmente en el combate a la desaparición forzada, tortura, violación de derechos humanos y la ­impunidad.

La perredista subrayó la necesidad de que el Ejecutivo federal adopte medidas acordes con los grandes retos que enfrenta México en derechos humanos.