i los poderes republicanos dejan de operar como contrapeso y control los unos de los otros, no queda más que la ciudadanía, fuente de ellos, intervenga para reorientarlos. Así lo ha entendido el Movimiento Estatal de Mujeres de Chihuahua, que el martes pasado realizó una toma de varias horas frente a la sede del Supremo Tribunal de Justicia y una clausura simbólica del mismo.
En un estado vulnerado por las violencias en contra de las mujeres, el Poder Judicial, en lugar de constituir una instancia justiciera para ellas, las ha victimizado todavía más. A ese agravio se agregan la sumisión manifiesta al jefe del Ejecutivo estatal, así como la opacidad y el nepotismo en el manejo de los asuntos internos.
El atropello más reciente se da en Ciudad Juárez: el magistrado de la segunda sala civil del distrito Bravo, Filiberto Terrazas, demostrando en los hechos un completo desprecio por la ley y las normas mínimas de convivencia humana, hace unas semanas llegó ebrio a su casa y la emprendió a golpes contra su esposa, quien tuvo que presentar la denuncia respectiva. Luego la retiró, a instancias de su marido juzgador/golpeador.
La indignación y la presión de las mujeres organizadas chihuahuenses se dejaron sentir fuerte. Demandaron la renuncia inmediata de quien infringe la ley que él mismo debe cumplir y hacer cumplir. Lo más que lograron fue que solicitara una licencia por tres meses. Y, si bajan la guardia, al rato estará de nuevo en su puesto, muy quitado de la pena.
Esto se da porque en noviembre del año pasado se designó a 13 nuevos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y se jubilaron fast track otros tantos. Los criterios de la designación fueron predominantemente políticos y no de competencia u honestidad. Prevaleció el reparto de cuotas entre los partidos. Al PAN se le acalló con dos magistraturas. No hubo un proceso transparente, ni mucho menos un concurso de oposición. Lo que se requería era un Judicial también sometido al Ejecutivo. Entre los magistrados nombrados al vapor está el noqueador juarense.
Otro juzgador de la misma calaña es el juez cuarto de lo familiar del distrito Morelos, en la ciudad de Chihuahua. La misoginia es el principal rasgo de sus sentencias. La peor de ellas se dio hace poco, cuando despojó de su niña a una joven rarámuri para dársela precisamente a la mujer que se la había robado. Las denuncias del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres contra este juez lograron que se le retirara temporalmente de su labor... para ponerlo a capacitar jueces en los códigos que él se ha especializado en interpretar de manera sexista.
A su vez, el Colegio Estatal de Abogados de Chihuahua cuestiona el proceso de nombramiento de jueces porque se realiza con prácticas de opacidad, nepotismo, influyentismo y sin respeto a la carrera judicial. Además, se cuestiona el conflicto de intereses al nombrar el Supremo Tribunal como jueces de garantía a los hijos del fiscal general del estado y del fiscal de la Zona Norte.
El Poder Judicial de Chihuahua, junto con el Ejecutivo y el Legislativo, reformó el año pasado los códigos de procedimientos familiares y civil, a pesar de las críticas del movimiento de mujeres y otros grupos de la sociedad civil. A pesar de que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres emitió un claro pronunciamiento que los obliga a cambiar dichos ordenamientos, por ser sexistas y discriminatorios de las mujeres, los representantes de los tres poderes no demuestran voluntad política alguna para ello. Las mujeres organizadas de Chihuahua han tenido agotadoras reuniones de trabajo con ellos para realizar las modificaciones procedentes, pero a ellas no acuden los legisladores y quienes asisten en nombre del Judicial y del Ejecutivo empantanaron las labores al punto que las mujeres tuvieron que retirarse.
Todo esto sucede en Chihuahua porque el Poder Judicial se ha sometido por completo al Ejecutivo, hasta convertirse en comparsa infaltable en actos protocolarios sin trascendencia: inauguraciones de obras, bicicleteadas, apertura de las oficinas de un diputado, por supuesto del PRI. Porque dentro de ese poder no existe ningún órgano de contraloría, de veeduría, o de rendición de cuentas. Chihuahua es la única entidad federativa del país donde no existe un Consejo de la Judicatura Estatal. Y, sin embargo, está por inaugurarse la ciudad judicial del estado, de la que se dice que será la más moderna –y costosa– de América. Pero, de seguir así las cosas, en ella no se albergarán la justicia y el derecho. Será una mansión cara y aparatosa, pero vacía de los valores básicos, orientadores de la República.
Por eso, de nuevo el Movimiento Estatal de Mujeres viene a demostrar que esta larga y sinuosa transición a la democracia, que a jalones ha emprendido nuestro país, se atora no sólo en ejecutivos despóticos y corruptos, sino también en judiciales sometidos, omisos, insensibles ante los derechos humanos, sobre todo de las mujeres.
Por eso, si el Poder Judicial del estado de Chihuahua va a estrenar casa, más le vale empezar a limpiar las prácticas y los vicios de quienes van a trabajar en ella.
