l pasado lunes, al salir de su despacho, en el sur de la ciudad de México, el abogado Pablo Díez Gargari fue detenido por agentes federales que lo llevaron a unas oficinas de la Procuraduría General de la República para que rindiera declaración respecto de las intervenciones telefónicas que han mostrado a funcionarios de alto nivel en actos de presunta corrupción relacionados con la constructora española OHL, cuyas siglas corresponden a los nombres de tres firmas, Obrascón, Huarte y Laín, que en 1999 se fundieron para crear la trasnacional que en México ha conseguido grandes contratos bajo señalamientos de compartir ganancias con autoridades corruptas para así montar esquemas de operación poderosamente exitosos en cuanto a simular servicios, inflar costos, obtener utilidades desmesuradas e incluso adulterar reportes y resultados bursátiles.

El abogado Díez, a quien se mantuvo privado de la libertad durante 48 horas y luego se le adjudicó la presunta posesión de un arma de fuego, con la consiguiente apertura de averiguación previa por tal delito (salió de la PGR luego del pago de una fianza), es representante jurídico de Infraiber (infraiber.com), empresa de tecnología aplicada (con el tapatío Pedro Topete, de Viabilis, como principal accionista) que ha acusado a OHL (ohlmexico.com.mx) de cometer en el Circuito Exterior Mexiquense uno de los casos de corrupción más fuertes en la historia reciente del país, no sólo por cuanto a la desorbitada elevación del costo original, junto a otras manipulaciones contables, sino incluso por la pretensión de hacer fuertes cobros a futuro a la complaciente administración del estado de México.

En la página finalabuso.net, en desplegados periodísticos y en declaraciones públicas se han dado a conocer datos y documentos que buscan demostrar que OHL México (cuyo consejo de administración es presidido por José Andrés de Oteyza y Fernández-Valdemoro, quien fue secretario de patrimonio y fomento industrial con José López Portillo) ha cometido múltiples actos de corrupción y adulteración, entre ellos el cobro de cincuenta centavos de peso por vehículo que usa el mencionado circuito mexiquense, a cuenta de un sistema de monitoreo que no existe.

Aun cuando se tratara de una guerra sucia entre empresas que estuviesen compitiendo por oscuros favores gubernamentales e, incluso, que Infraiber estuviese chantajeando a OHL México, como ahora se ha denunciado formalmente, el tratamiento judicial y político que se ha dado al caso muestra un grave y sintomático desequilibrio, que intimida y presiona a una de las partes (la denunciante de presunta corrupción) y favorece y mantiene ajena a investigaciones rigurosas a la otra parte (la acusada de recibir gubernamentales favores y hacerlos a su vez a muy relevantes funcionarios públicos, tanto del estado de México como del gobierno federal). A OHL México, acusada de actos de corrupción que habrían implicado a los máximos niveles políticos del país, se le ha beneficiado con un blindaje especial por parte de la administración de Eruviel Ávila, que decidió clasificar como información reservada por nueve años el destino y utilización del dinero con el argumento de que la concesión del circuito exterior está inmersa en procesos judiciales en curso, según nota de Arturo Ángel en Animal Político (http://goo.gl/0GSISx)./

En el centro de este remolino está una pieza fundamental de la operación político-económica del peñismo, Gerardo Ruiz Esparza, abogado nacido en la capital del país el 22 de abril de 1949, quien fue secretario de Comunicaciones durante el sexenio de Enrique Peña Nieto como gobernador del estado de México y ahora lo es de Comunicaciones y Transportes en la administración federal. El volumen de obras, contratos y concesiones que pasan por esa oficina la convierten en una instancia sumamente apetitosa para empresas acostumbradas a negociar con funcionarios públicos las formas de financiación y ganancias que a ambas partes interesan, de tal manera que el abanico de asuntos va desde el llamado tren chino hasta las relaciones con Higa (la de la Casa Blanca y operaciones similares) y OHL México, por citar casos de actualidad noticiosa.

Si es que hay indicios firmes y sensatos de que pudiesen haber cometido delitos el abogado Díez, el empresario Topete y otros partícipes en la presunta conspiración contra OHL México, indudablemente deben ser procesados y sentenciados. Pero es de un interés público infinitamente superior saber si esa firma de origen español corrompió a funcionarios del estado de México (no solamente al nivel de Apolinar Mena, quien fue destituido de la SCT de esa entidad) y del gobierno federal, pues grabaciones de audio dadas a conocer involucran al citado secretario porcentual, Ruiz Esparza, e incluso mencionan una presunta reunión (que se habría considerado privada), en abril de este año, entre directivos de OHL y Enrique Peña Nieto para hablar sobre los impugnados sistemas de medición de aforo vehicular en el circuito mexiquense.

Es fundamental que se precise si realmente hubo esa reunión entre Peña Nieto y el máximo directivo internacional de OHL, Juan Miguel Villar Mir (según se menciona en la grabación dada a conocer esta semana https://goo.gl/lmtGZZ). Después de ella, según tal testimonio auditivo, Ruiz Esparza habría dicho: ora, ¿qué hacemos para que este hijo de puta deje de chingar?, pues ése es otro pedo (una parte de la flatulencia parece haber sido la detención del abogado Díez durante día y medio). Y ayer OHL presentó una demanda penal contra Infraiber y quienes resulten implicados. Eso fue ante la PGR, donde Gerardo Ruiz Dosal (hijo del titular de SCT, Gerardo Ruiz Esparza) es director general de formación profesional, luego de haber fungido como secretario particular de Jesús Murillo Karam mientras éste fue procurador general de la República. El joven Ruiz Dosal, según su declaración patrimonial, ha tenido un sueldo bruto anual de 2 millones 62 mil 812 pesos. (http://goo.gl/3Ewohn). ¡Hasta el próximo lunes!

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