Guatemala.

El ex presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, apeló este jueves de la orden de prisión preventiva dictada por un juez al abrir un proceso penal en su contra por un fraude millonario en las aduanas que lo llevó a renunciar el pasado 2 de septiembre.

César Calderón, abogado de Pérez Molina, dijo a periodistas que se vulneraron los derechos de su cliente al recluirlo en una prisión civil habilitada en el cuartel militar Matamoros, en el centro de esta capital.

Añadió que el encarcelamiento no es necesario debido a que Pérez Molina, tras renunciar a la presidencia, se presentó voluntariamente ante el juez, lo que a su juicio confirma que no existe peligro de fuga.

Calderón solicitó que se le otorgue a Pérez la libertad condicional.

El juez Miguel Ángel Gálvez, titular del juzgado de mayor riesgo B, a cargo del proceso, envió a prisión preventiva al ex presidente para que sea procesado por los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo, al encontrar indicios de su participación en el caso de corrupción aduanera.

Pérez Molina, general retirado de 64 años que participó en matanzas de indígenas durante el conflicto armado (1960-1990), es señalado como uno de los cabecillas de una red denominada La línea que cobraba sobornos a empresarios para evadir impuestos, descubierta en abril pasado por la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala, ente dependiente de la Organización de Naciones Unidas.

Los fiscales disponen de tres meses para investigar y fundamentar la acusación y llevar al expresidente a un juicio oral y público. Para ello, el juez Gálvez programó una audiencia para el 21 de diciembre próximo.

Otro juez autorizó congelar varias cuentas bancarias de Pérez Molina, que ascienden a unos 640 mil dólares.

La ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien renunció en mayo por el mismo caso, también guarda prisión preventiva y enfrenta cargos de dirigir la red criminal junto al ex mandatario.

El escándalo provocó una ola de protestas masivas que pedían la renuncia de Pérez y Baldetti y, tras sus dimisiones, exigen que sean juzgados y castigados.