Un día después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa presentó su informe final, los grupos parlamentarios en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordaron constituir una comisión especial para dar seguimiento a las indagatorias sobre la desaparición de los 43 estudiantes.

En tanto, este miércoles en el Senado los expertos de la CIDH se reunirán con las comisiones de Derechos Humanos y la de Relaciones Exteriores para entregar su informe, en el que entre otras cosas se concluyó que no hay evidencia científica para afirmar que los normalistas desaparecidos fueran incinerados en el basurero de Cocula. En el encuentro también se prevé la participación de algunos de los padres y madres de los estudiantes, así como de organizaciones civiles.

De su lado, el líder del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) y al gobierno federal ‘‘hacerse cargo de sus errores’’ y replantear la investigación de los estudiantes desaparecidos sobre bases ciertas, ‘‘para que se conozca la verdad de lo ocurrido y se castigue a los responsables’’.

Gracias a la CIDH, dijo, fue posible conocer un conjunto de falsedades, se puso en claro que hay fuertes indicios de corrupción de la justicia y se evidenció la ineficacia del gobierno federal.

En San Lázaro, César Camacho, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), informó que se presentaron al menos tres propuestas para volver a integrar la comisión especial, así como abordar el tema en el pleno. El coordinador panista, Marko Cortés, explicó que la comisión tiene por objeto garantizar que el país sepa la verdad sobre la desaparición de los alumnos de la normal y garantizar que este tipo de hechos no se repitan.

Su homólogo perredista, Francisco Martínez Neri, informó que su bancada presentará una solicitud de juicio político contra el ex procurador Jesús Murillo Karam, porque condujo la investigación de una manera ‘‘contraria a la administración de justicia, así como a los derechos y garantías a las que estaba obligado’’.

En el Senado, legisladores de PRD y PAN demandaron que Murillo rinda declaración ministerial para que explique ‘‘los elementos jurídicos, legales y científicos’’ que lo llevaron a concluir como ‘‘verdad histórica’’ que los 43 normalistas fueron incinerados.

Alejandro Encinas sostuvo que el informe desnuda el nivel de corrupción y descomposición de las instituciones públicas. El coordinador de los senadores del sol azteca, Miguel Barbosa, dijo por su parte: ‘‘Desde el inicio hubo una decisión política para que la PGR eliminara evidencias que vincularan a servidores públicos del gobierno estatal y federal. Hubo una decisión política para hacer a un lado al Ejército y para crear una verdad formal’’.

Finalmente, la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Ximena Puente, anunció que todos los datos del caso Ayotzinapa serán públicos, salvo aquellos en que la ley prevé su reserva.