El juez primero de distrito con sede en La Paz, Baja California Sur, ordenó a los 13 integrantes del cabildo de esa localidad contestar el mandato soberano de 17 mil ciudadanos que se oponen a la minería tóxica a tajo abierto.

Arturo Rubio Ruiz, representante de la organización civil Legalidad y Transparencia, informó que el plazo para responder el mandato venció hace una semana y el ayuntamiento no lo contestó, por lo que se solicitó a la justicia federal ordenar a los regidores fijar su postura a más tardar este martes.

Explicó que el cuerpo edilicio tiene como opción manifestarse contra la minería a cielo abierto, como ya lo hizo de palabra en audiencia con ciudadanos; realizar una consulta pública o ignorar el mandato, lo que significaría un desacato a la justicia federal que implicaría su destitución e inhabilitación, o incluso la cárcel.

Rubio Ruiz indicó que el mandato no se refiere sólo al proyecto Los Cardones, del que se pretende extraer oro a tajo abierto en la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna, en el municipio de La Paz, sino en general a ese tipo de minería, debido a que existen varios proyectos similares en la demarcación.

Rubio advirtió que si los regidores se pronuncian contra el mandato ciudadano y a favor del proyecto Los Cardones, recurrirá a la Suprema Corte para impedir que se concrete. Comentó que este es el primer caso de mandato soberano en México, basado en el artículo 39 de la Constitución federal, que expone que la soberanía radica en el pueblo.

En tanto, 21 organizaciones civiles, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, solicitaron a la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez no avalar el cambio del programa de manejo de área protegida de flora y fauna de los médanos de Samalayuca, para que la minera mexicana-canadiense WC Exploración Corporation trabaje a cielo abierto en mil 500 hectáreas extrayendo metales.