l falso rey quedó desnudo. Y, con él, su corte siniestra: el ex fabulador general de la República, Jesús Murillo Karam (con sitio de privilegio en el museo histórico de las infamias); Tomás Zerón de Lucio (premiado con la dirección de la Agencia de Investigación Criminal); Enrique Galindo Ceballos (cuya Policía Federal está bajo acusación de haber ejecutado a decenas de presuntos delincuentes en Tanhuato, Michoacán, en una repetición del estilo practicado por militares en Tlatlaya, estado de México); la sucesora del cansado Murillo, la televisiva Arely Gómez González Blanco (que se ha dedicado a leer a tumbos, a veces rayando en lo grotesco, las presuntas justificaciones oficiales), y los altos mandos militares y marinos que por acción u omisión tienen responsabilidad en lo que sucedió aquella noche del 26 de septiembre y en la madrugada siguiente y que contribuyeron al despliegue de la narrativa sicópata que desembocó en una verdad histórica ayer incinerada sin estruendo retórico por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes al presentar el informe de sus seis meses de investigaciones, que exhibieron las maquinaciones criminales con las que el peñismo quiso dar por cerrado el caso de la desaparición de 43 estudiantes.

La detonación de la siempre impugnada verdad histórica de Peña y Murillo comenzó ayer por la mañana en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, donde los cinco expertos independientes dieron a conocer su informe final en cuanto a esta primera etapa, pues habrá un segundo periodo de indagaciones y complementaciones. En horas anteriores se habían reunido con funcionarios mexicanos, de los cuales el de mayor jerarquía administrativa era el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. La política de este tipo de grupos de trabajo (el GIEI actúa conforme a acuerdos puntuales entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno federal mexicano y los familiares de los 43 normalistas) contempla informar de manera anticipada a las autoridades respecto a las conclusiones que se van a difundir, para que no haya sorpresas ni malos entendidos. De manera fluida el GIEI fue planteando insuficiencias, contradicciones y desatenciones encontradas en el procesamiento mexicano de los sucesos de Iguala.

El momento cumbre, en términos periodísticos y políticos, se produjo cuando se estableció que conforme al peritaje de un peruano experto en fuegos, José Torero, era científicamente imposible el episodio central del libreto macabro, expuesto en su momento con frialdad y presunta seguridad extrema por Murillo Karam, el de la incineración de cuerpos en un basurero de Cocula. El mismo día en que el ex gobernador hidalguense dio a conocer el desenlace de su mala novela negra hubo muchísimos mexicanos que por simple sentido común lo rechazaron. En diciembre del año pasado hubo mexicanos que se arriesgaron a proclamar públicamente lo que su conocimiento científico y experiencia les indicaba: Jorge Antonio Montemayor Aldrete y Pablo Ugalde Vélez (investigador titular del Instituto de Física de la UNAM, el primero, e investigador titular de la UAM en el campus Azcapotzalco, el segundo) elaboraron un estudio que, entre otros puntos, señalaba que si los cadáveres hubieran sido quemados con pura leña se habrían necesitado un promedio de 33 toneladas de troncos de árboles de unas cuatro pulgadas de diámetro para cremar 43 cadáveres. Y, si los cuerpos hubieran sido incinerados con llantas, se necesitarían 995 neumáticos y debieron sobrar decenas de kilos de alambre de acero. El estudio de los mexicanos también mencionaba la dificultad de aceptar que en las condiciones del basurero al aire libre se pudiese alcanzar la temperatura adecuada para esa cremación.

El golpe seco a lo que de credibilidad quedara a un gobierno inmerso en continuos escándalos de corrupción y de acción criminal contra ciudadanos desde instancias gubernamentales armadas no tuvo una respuesta políticamente ágil y aceptablemente decorosa de Los Pinos. Enrique Peña Nieto asumió en Twitter el informe del GIEI como si fuera una especie de graciosa contribución externa a la mejoría de un proceso bueno, pero mejorable. Así que indicó a los integrantes de su gabinete que tomen en cuenta los elementos aportados por el GIEI. La procuradora especializada en lecturas temblorosas retomó el asunto y leyó ante reporteros (obviamente, sin aceptar preguntas de ellos, como si una conferencia de prensa fuera solamente para que un funcionario en crisis lea un boletín de prensa y se retire) un texto burocrático que en su parte sustancial da seguridad a los mexicanos y a los familiares de los 43 de que habrá justicia y se castigará a los responsables, y que, en respuesta a lo informado por el GIEI, se hará… un nuevo peritaje, para que no haya dudas. Esta era una PGR con los peritajes al revés, ¿quieres que te lo cuente otra vez?

Los familiares de los 43 fijaron su postura por la tarde, en las instalaciones del Centro Pro de Derechos Humanos, en una conferencia de prensa en la que hubo expresiones descarnadas de rechazo a la figura de quien ocupa la Presidencia de la República y a quien exigieron (no pidieron, sino tajantemente dijeron que exigían) una audiencia personal a más tardar el próximo 10, en el contexto de las actividades de protesta que se organizan a escala nacional e internacional para desarrollarse el día en que se cumpla un año de las desapariciones forzadas que el ya desnudo gobierno de Peña Nieto ahora volverá a investigar.

El repudio a EPN crece, en un escenario de crisis multifactorial, y la demanda de su renuncia se extiende. Murillo Karam, presuntamente enfilado a la embajada en Portugal, debería enfrentar un juicio por su mendacidad criminal (que no es responsabilidad solamente de él). Y saber la verdad, y que haya justicia en el caso de los 43, se convierte en una exigencia impostergable. ¡Hasta mañana!

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