Un grupo de académicos laboralistas de diversas disciplinas e instituciones promueven un boicot comercial internacional contra la empresa Bata, productora y comercializadora de calzado, por la política laboral lesiva aplicada específicamente en la planta ubicada en Calpulalpan, Tlaxcala.

El líder sindical de los trabajadores de esta compañía, Gustavo Labastida Adriano, está en prisión acusado de despojo (supuestamente cometido en un inmueble donde la maquinaria está intacta) y se le fijó una fianza de 4 millones de pesos con base en una petición de la empresa, por reparación del daño, de 44 millones. Es decir, Labastida tendría que acreditar ante una afianzadora una propiedad con valor mayor a esa cantidad para garantizar el pago.

De manera extralegal se le ha dicho que podría obtener su libertad por otra vía: renunciar al sindicato y firmar la terminación del contrato colectivo de los obreros de la fábrica.

Si bien la empresa es de capital canadiense, tiene una importante expansión trasnacional que en México toma el nombre de Bata-Sandak. El objetivo de las acciones de presión, dijo Alfonso Bouzas, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialista en derecho del trabajo, es frenar la política laboral de la compañía y gestionar lo necesario para que se le otorgue la calificación ISO cero en materia de relaciones laborales.

“Puede ser muy importante un boicot de consumo, en la medida en que ellos son comerciantes y si no aprecian el riesgo que corren por maltratar a sus trabajadores, como es el caso de la empresa ubicada en Tlaxcala, esta campaña seguramente va a seguir.

“Nos hemos comunicado recientemente con académicos de Estados Unidos y por medio de ellos con colegas de Europa, y hay coincidencia en la urgente necesidad de frenar esta política laboral de la empresa. Esto conlleva un desprestigio de la marca y, por supuesto, la promoción de ‘no compres a Bata’”, señaló Bouzas.

Eduardo Díaz, abogado de los trabajadores de Bata-Sandak, confirmó que a Labastida Adriano se le acusa de haber incurrido en el delito de despojo y el monto impagable de la fianza millonaria.

Sin embargo, dijo, también se le ha ofrecido su libertad a cambio de que desista del movimiento y de la defensa de los trabajadores. No podrán acreditar este delito porque él, al igual que el resto de sus compañeros (quedan 88 en resistencia), se encuentran fuera de la planta. El despojo se acredita cuando tomas una cosa que no es tuya y (Labastida) no se puede llevar la maquinaria, dijo. En tanto, señaló el litigante, las autoridades estatales, encabezadas por el gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur, se han puesto abiertamente del lado de la empresa, porque –afirman– un movimiento laboral afecta las inversiones de la entidad.

El origen del conflicto se dio en 2012, cuando personal de la empresa agredió a varias obreras. La planta está ubicada en el kilómetro 80 de la carretera México-Veracruz, vía Texcoco, en Calpulalpan. Ellos, en 2014, reviven el asunto con la acusación de despojo en contra de 10 compañeros, señaló Díaz.

El abogado explicó que el trasfondo del asunto es que la fábrica, que funciona con base en maquila, pretende cambiar el sistema de producción a trabajo en domicilio, con lo que se desharía de toda responsabilidad laboral y social, al tiempo de abaratar el de por sí bajo costo de salarios, de 100 pesos al día. Es decir, la empresa llevaría y recogería la producción en las viviendas.

De una plantilla original de 250 trabajadores, después de despidos y renuncias y algunos más que han tomado su dinero y se han retirado, quedan 88 en pie de lucha con un líder preso, en una planta cerrada unilateralmente por los patrones.

Los obreros emplazaron a huelga, pero la junta local de conciliación declaró inexistente el movimiento, retiró personalidad jurídica al sindicato y ahora los acusa de abandono de trabajo.