Investigadores y expertos en el sistema educativo nacional destacaron que la reforma del sector, aprobada en diciembre de 2012, y calificada por la administración peñista de prioridad, impulsa un verdadero proceso de reconfiguración de la profesión docente.

Consideraron que se ha desacreditado la figura social del maestro, pues se le quitó la autoridad que históricamente se le había depositado como garante del bien común.

Hugo Casanova, profesor del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) y coordinador del encuentro La educación hoy: un diálogo fundado en el saber, que reunió a destacados investigadores en el campo educativo, indicó que hay una convicción de que es necesario crear espacios reflexivos con opiniones fundamentadas, porque no es posible que la educación quede sólo en manos de la voluntad política. No podemos quedarnos al margen.

Subrayó que los especialistas convocados podemos coincidir en que es necesaria una reforma educativa y nuevos esquemas de evaluación, pero no como los que se están proponiendo. La educación nacional demanda una profunda reflexión sobre sus logros e insuficiencias, pero con rigor y honestidad.

Agregó que uno de los ejes abordados por diversos expertos fue la evaluación de docentes, la cual, indicó, no puede ser el fin último de una propuesta educativa ni su mayor intencionalidad. Explicó que otro de los debates generados fue si la reforma tiene o no contenidos educativos.

Algunos consideramos que no, pero otros destacaron que sí tiene una propuesta educativa, pero es la que propone el empresariado y el gran capital, una educación mercantilizada.

Elsie Rockwell, profesora del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN, señaló que aquellos que están mejor capacitados para acreditar los exámenes de ingreso al servicio docente, ya no son los profesores cuyo arraigo histórico ha sido documentado, sino los egresados de las profesiones liberales, provenientes de universidades privadas, para quienes la docencia representa sólo un trabajo temporal.

Ángel Díaz Barriga, especialista del IISUE, destacó que la reforma educativa, con la que se otorgó autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y se le convirtió en actor central del nuevo esquema educativo, también le generó carga excesiva, la cual genera que su trabajo sea incompleto y con varias inconsistencias.

Una de las principales es su imposibilidad de determinar con certeza quiénes de los aspirantes a ocupar una plaza docente son aptos para ejercer la profesión, además de que dichas evaluaciones no están generando los mecanismos para ayudar a superar sus deficiencias a quienes son catalogados como no aptos.

Alberto Arnaut, investigador de El Colegio de México, señaló que la reforma que impulsa el gobierno de Enrique Peña Nieto no es educativa, sino administrativa. Agregó que las modificaciones al artículo tercero y 73 constitucionales se han caracterizado por fortalecer el centralismo en la conducción del sistema educativo.

Citó el ejemplo del Servicio Profesional Docente, creado con la reforma, y que ha quedado sólo en manos del gobierno federal.

Además, dijo, hay una marcada unilateralidad, pues los maestros no son partícipes en su propio proceso de profesionalización, frente a un excesivo peso otorgado a los procesos de evaluación.