El trabajo de los niños mineros en la región carbonífera de Coahuila está tan normalizado que Jesús Rogelio García Salazar se siente afortunado de tenerlo: “Gano mil pesos a la semana y me lo gasto en mí, en puras cocas (refrescos) y fritos”.

Tiene 16 años y trabaja en un pozo en Cloete, propiedad de Álvaro Jaime Arrellano, primer regidor del ayuntamiento de Sabinas por el Partido del Trabajo (PT): No hago mucho; sólo saco lodo del pozo con carretillas. Eso es nada, es muy fácil, nomás un ratillo, dice, luego de más de ocho diarias haciendo el tiro vertical del pozo.

No lleva ningún equipo de seguridad; no usa casco, tampoco botas adecuadas ni cinturón que ayude a sostener el peso que carga. Viste ropa de camuflaje, pantalón corto, tenis y un sombrero para protegerse del intenso sol de 42 grados centígrados. No está registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social ni goza de prestaciones.

Su cuerpo pequeño, delgado, casi de niño, es considerado por los coyotes y empresarios del carbón ideal para introducirse en pocitos y cuevas. Su padre es minero. En esta región, la mayoría de los menores de edad tienen un destino manifiesto: ser mineros. Y entre más pronto empiecen, es mejor para los depredadores del carbón.

Según la Secretaría del Trabajo, en esta zona trabajan unos 300 menores que son explotados en condiciones deplorables. El gobierno de Rubén Moreira rescató recientemente menores jornaleros, pero a los niños mineros los tiene completamente abandonados, sin sancionar a los empresarios o coyotes del carbón que los contratan de manera ilegal, denuncia Cristina Auerbach Benavides, directora de la organización Familia Pasta de Conchos.

En todas las minas clandestinas que encontramos normalmente hay niños. Cuando avisamos al gobierno de Rubén Moreira nos dicen que no tienen facultades para actuar. Es ilegal que laboren menores, y la Procuraduría de Justicia de Coahuila se lava las manos aduciendo que no tienen facultades, pero sí las tiene para rescatar niños jornaleros que no son del estado. Estos niños mineros son coahuilenses; son su responsabilidad.

El gobierno ni los busca

Explica que el gobierno no puede señalar un solo caso de menores laborando en minas porque no los buscan, ni saben cómo encontrarlos: Es más fácil para el gobernador Moreira devolver a los niños jornaleros de otro estado que atender a los que son mineros de Coahuila: un asunto muy mediático. ¿Y los niños mineros qué? ¿Por qué no los rescatan?

Auerbach Benavides recorre las minas, cuevas, pozos y pocitos, legales y clandestinos día y noche para inspeccionarlos y prevenir accidentes. Es allí donde descubre, señala, la doble moral del gobierno de Moreira, que se niega a recuperar a los menores que laboran ilegalmente.

No los rescata porque tiene conflicto de intereses. El gobierno de Coahuila se beneficia de los niños a través de la paraestatal del carbón Prodemi (Promotora de Desarrollo Minero) que vende el producto a la Comisión Federal de Electricidad, la cual usa carbón extraído por niños.

Explica que el gobierno de Coahuila compra el carbón a 20 o 30 coyotes que ni siquiera tienen centros de trabajo, pero dominan la mafia de los códigos para acceder a contratos millonarios: Ellos compran el carbón a este tipo de minas y cuevas, pero a la hora de deslindar responsabilidades es cuando hay actos tan brutales de ilegalidad.

Añade: “El gobierno nunca ha rescatado niños mineros. Cuando hacen los operativos para buscarlos, los anuncian; obviamente, para no encontrar a ningún niño, porque les están avisando. Las inspecciones se hacen de sorpresa. A veces, cuando llegamos, nos ha tocado verlos salir como liebres; algunas veces los alcanzamos, otras veces se nos pelan. El gobierno cree que los niños mineros los van a estar esperando con la mochila de útiles escolares.

Cuando los encontramos trabajando en minas de carbón normalmente se trata de lugares clandestinos. Uno los identifica porque nos cuentan que están trabajando de noche, por ejemplo, o que se metieron a un ejido rompiendo los candados de las propiedades para escarbar.

Hay mineros adultos que reconocen haber empezado desde niños: Es un círculo perverso porque son muchachitos de 13 a 17 años con una precaria expectativa de vida. Saben que van a terminar en las minas clandestinas o las inseguras; es una forma de irse preparando para lo que van a vivir como adultos.

Añade: “Para un muchachito, que le paguen 800 o mil pesos es realmente una fortuna. No hay ningún otro empleo o posibilidad que les pueda generar un ingreso de esa magnitud. Ellos se vuelven lidercillos en estos pueblos. Lo que hacen es comprar tenis, una camiseta de moda y fritos, como le gustaría a cualquier chamaco. No hay maldad en ellos, no lo ven como algo malo; lo ven como una parte para construir su masculinidad. En esta región tan machista, con una masculinidad vulnerable, los hombres se prueban en las minas”.

Jesús Rogelio fue descubierto en una mina del regidor Álvaro Jaime: Él tiene una buena cantidad de pozos y minas clandestinas a la vista de todos. A mí que no me diga que no sabe que trabajan niños en sus tajos y minas; por supuesto que lo sabe. Todo está envuelto en la ilegalidad, el clandestinaje y el abuso de políticos que son dueños del carbón, a quienes no les importa si son niños. No ven a sus trabajadores como seres humanos, ni a los niños mineros como niños. Ellos sólo ven carbón.

Un empresario que actúa de forma legal

Para el empresario del carbón Eduardo Aguirre Jiménez, licenciado en comercio internacional y dueño de la Minera Jipa, es absolutamente ilegal contratar a menores. Es algo que, dice, debe ser perseguido y castigado por el gobierno: Este trabajo es peligroso; esos niños trabajan sin seguro, sin un buen sueldo. Son explotados y están desamparados.

Hay empresarios del carbón que pagan a los mineros entre 40 y 90 pesos, quienes extraen de cuatro a cinco toneladas al día: Hoy inspeccionaron una mina clandestina donde había menores. El patrón huyó y no pasa nada; es gente que nomás está afectando la minería.

En su empresa tiene 58 personas dadas de alta en el Seguro Social que gozan de prestaciones, y a pesar de hacer las cosas bien el gobierno no le da contrato: “Hay muchos empresarios que tienen códigos de pedidos, pero no cuentan ni siquiera con minas; se lo compran a los coyotes y la Prodemi, que debería desaparecer. Es una mafia que todos conocemos”.

Su abuelo era empresario del carbón y por tradición familiar se trasladó a la zona carbonífera desde Guadalajara. Semanalmente produce de 350 a 500 toneladas: Me han llegado menores a pedir trabajo, pero a mi mina no entra ningún niño ni adultos sin seguro. Yo hago las cosas legales. A mí me gusta la minería; no quiero sólo sacar carbón.

Esta es una visión empresarial que contrasta con la del regidor Álvaro Jaime, quien, a pesar de haber sido denunciado en repetidas ocasiones, sigue laborando: No tiene documentos, ni permisos; siempre ha actuado en la ilegalidad, pero es juez y parte. Él dice que es dueño del carbón y lo va a sacar aunque sea debajo de las casas. Nuevamente hay un conflicto de intereses, pero lo que impera es la impunidad. Aquí hay un gobierno que es juez y parte junto con políticos, regidores, diputados y senadores.

La oficina de Familia Pasta de Conchos en Cloete está dando frutos. Los vecinos se han organizado y el viernes 4 de septiembre impidieron que continuara trabajando un tajo clandestino del regidor Álvaro Jaime, operado por el diputado Antonio Nerio, en la colonia Altamira, que finalmente fue clausurado por Protección Civil del municipio de Sabinas.

Alma García Cáceres vive en la calle Mineros desde hace 37 años y exige que las autoridades federales pongan un alto a los depredadores del carbón, porque funcionarios municipales y estatales son cómplices, señala: Querían escarbar en el patio de mi casa. ¡Imagínese! Exigimos que nos dejen en paz. Estamos llenos de enfermedades, ¡basta ya! Se llevan el carbón, se hacen ricos y nosotros en la pobreza; enfermos por su culpa. No tenemos ni siquiera caminos.