El registro federal y estatal de personas no localizadas sigue en aumento. Supera los 26 mil casos: 25 mil 918 del fuero común (investigados por las procuradurías y fiscalías estatales) y 662 del federal, cuya responsabilidad indagatoria corresponde a la Procuraduría General de la República (PGR).

En lo que va del sexenio, los desaparecidos son 11 mil 840: 11 mil 396 del fuero común y 444 del federal. El número de casos resueltos es mínimo.

El acumulado histórico de personas no localizadas hasta octubre de 2014 era de 23 mil 605; para enero de 2015 fueron 25 mil 293, y tres meses después llegó a 25 mil 398, según información de las procuradurías al Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación.

En momentos en que se prepara una ley para una búsqueda efectiva de personas no localizadas –y víctimas de desaparición forzada–, así como de atención a víctimas y reparación del daño, organizaciones civiles nacionales e internacionales alertan sobre el alto grado de impunidad.

La semana pasada, por ejemplo, Open Society, lo hizo específicamente para Guerrero. Un colectivo de grupos no gubernamentales en México alistan una reunión, programada para el miércoles próximo, con funcionarios federales, particularmente de la Secretaría de Gobernación.

La agenda se concentra en la definición del proyecto de ley general sobre desaparición forzada y desaparición por particulares. La finalidad es afinar la construcción de un registro único de personas desaparecidas, los mecanismos de búsqueda, las características de la investigación, los derechos de las víctimas y la reparación del daño, lo relativo a la declaración de ausencia por desaparición, sanciones y armonización legislativa.

Según las cifras oficiales, en el fuero común el problema tiene una decena de puntos rojos, encabezados por Tamaulipas, donde se han denunciado miles de casos y permanecen sin clarificar 5 mil 411; le sigue el estado de México, con 2 mil 387; Nuevo León, 2 mil 180, y Jalisco, 2 mil 29.

Para el ámbito federal, casos clasificados en la PGR por la presunción de una intervención de la delincuencia organizada o de delitos federales, Guerrero está en primer sitio.

De esta entidad, Open Society –organización no gubernamental con presencia en países de todas las regiones del mundo– advierte de la gravedad de la situación en ese estado, con los mayores retos políticos y estructurales para investigar, sancionar y reparar casos de atrocidades y violaciones masivas de derechos humanos.

Estos problemas, incluyendo una de las tasas de homicidios más altas en México, tienen origen en situaciones que datan de tiempo atrás –como la marginación de la población indígena que vive en áreas rurales y se encuentra en situación de pobreza–, pero también en circunstancias más recientes, como el hecho de que actualmente Guerrero es un punto central de producción y tráfico de drogas.

La desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014 “puso de manifiesto el clima de violencia arraigado en Guerrero, el fracaso del estado en reaccionar de manera creíble y eficiente ante el caso, además de levantar preocupaciones sobre su estabilidad futura.

Un próximo informe –añade Open Society– abordará problemas similares en el ámbito federal, e incluirá información de las investigaciones llevadas a cabo en los otros cuatro estados.