Chilpancingo, Gro.

La Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP) dio a conocer que los gobiernos federal, del estado y municipal de Olinalá comenzaron una agresión física y militar en su contra, así como en perjuicio de comunidades indígenas, a través de Antorcha Campesina, agrupación de filiación priísta.

En un comunicado, la PCP advirtió: no dialogaremos con el grupo de delincuentes paramilitares de Antorcha Campesina ni con funcionarios del ayuntamiento de Olinalá, porque son quienes patrocinan, dirigen y financian a estos grupos de delincuentes para ir a sembrar el terror, la división y el odio entre comunitarios y familiares.

Mencionó que el pasado 3 de septiembre recibió dos oficios del ayuntamiento de Olinalá en los que “invitan, supuestamente, por instrucciones del subsecretario de Asuntos Políticos del estado, Saúl Barrios Sagal, para una mesa de diálogo en relación con el conflicto del 9 de agosto en la comunidad de San Antonio Coyahuacán por la comisaria municipal.

Damos a conocer a la opinión pública, al propio gobierno del estado y federal, que no nos sentaremos a dialogar con quienes no saben dialogar, y quienes firman este documento son los autores principales del desorden que hay en la administración municipal de Olinalá, son quienes han permitido la presencia de grupos delincuenciales, como Antorcha Campesina, filial del PRI, acotó.

La PCP sostuvo que autoridades de Olinalá otorgan recursos y beneficios de programas gubernamentales que los hacen aparecer como si fueran logros de Antorcha Campesina. También tenemos evidencias de que están armando a grupos de antorchistas; tenemos ubicados los lugares donde los están entrenando, al parecer miembros de la policía y del Ejército Mexicano.

Se añadió en el comunicado que “tenemos preciso de cómo el gobierno federal, estatal y a través de los altos mandos militares tienen la estrategia de prefabricar delitos y detener a como dé lugar a nuestros compañeros, a los luchadores sociales, dividir organizaciones y comunidades, mientras protegen el negocio del narcotráfico y la violencia.

Si los gobiernos federal y estatal están generando esta situación, como ya lo estamos viendo en el país, pues detienen, desaparecen, encarcelan y asesinan a dirigentes de organizaciones, fotoperiodistas, estudiantes que luchan por sus derechos y los derechos de los pueblos indígenas y no indígenas, como ha ocurrido en Guerrero, podemos decir, entonces, que la Constitución está siendo violentada, señaló.

Asimismo, llamó a la población a seguirnos organizando, a mantenernos alertas de toda esta ola represiva que el Estado mexicano ha desatado en todos sus niveles y medios de control político, militar, económico y jurídico; por ello, es preciso continuar la lucha por la construcción de un mundo diferente donde exista seguridad, libertad, justicia y paz social, construyendo la soberanía popular en cada rincón de nuestra madre tierra.