El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregará al Estado mexicano el resultado final de su investigación sobre los hechos de Iguala/Ayotzinapa –contenido en un expediente de casi medio millar de hojas– este domingo en una ceremonia que se realizará en el auditorio Digna Ochoa, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ante representantes del cuerpo diplomático y la prensa.

Este sábado los cinco integrantes del GIEI se reunieron con madres y padres de los jóvenes de Ayotzinapa fallecidos, heridos y desaparecidos, y con los estudiantes sobrevivientes de la agresión para anticiparles los logros y pendientes de su labor. Pero será el lunes cuando se reúnan en pleno con todo el colectivo en la escuela normal en Tixtla, Guerrero, para explicar en detalle el contenido y los alcances del informe.

Durante los seis meses de trabajo de este primer mandato, prorrogable por ley un semestre más, los especialistas del GIEI, que la Organización de Estados Americanos asignó para el caso de Ayot-zinapa, hicieron públicos cuatro informes parciales con los avances logrados durante su investigación.

En este periodo hicieron valer las facultades que fueron definidas en el convenio que firmó el gobierno mexicano con la OEA y que entró en vigor el 2 de marzo. Este marco legal les otorgó derecho para acceder a todas las investigaciones, evidencias y peritajes realizados a la fecha; para entrevistarse con todos los involucrados, incluidos los poco más de 100 detenidos hasta ahora, con los funcionarios, testigos y, por supuesto, las víctimas.

Pudieron encargar peritajes independientes especializados y acudir a los lugares de los hechos y a las prisiones donde están retenidos los perpetradores, así como realizar diligencias en su carácter de coadyuvantes. A lo largo de los pasados seis meses presentaron decenas de recomendaciones a distintas instancias del gobierno mexicano, entre ellas la Secretaría de Gobernación, la PGR y procuradurías estatales.

Tuvieron posibilidades de formular denuncias y solicitar protección para testigos colaboradores. En paralelo hicieron un análisis con el fin de evaluar la capacidad del Estado mexicano para prevenir la desaparición, investigar y sancionarla.

En todas sus peticiones y requerimientos recibieron colaboración de las autoridades, excepto de la Secretaría de la Defensa Nacional, que ante reiteradas solicitudes, se ha negado a permitirles contacto con los militares del 27 Batallón de Infantería que, según consta en distintas pruebas recopiladas, estuvieron activos en los escenarios donde se cometió la agresión.

El GIEI está integrado por cinco expertos latinoamericanos, entre ellos dos mujeres que fueron fiscales en sus respectivos países. Una es la guatemalteca Claudia Paz y Paz (colaboró en el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico después de la firma de la paz y fue la fiscal general que abrió el proceso que llevó al ex dictador Efraín Ríos Montt a ser juzgado y declarado culpable por genocidio en su país). La segunda es la colombiana María Ángela Buitrago, asignada para el juicio por la desaparición de 11 personas en el Palacio de Justicia de Bogotá, en el cual fueron sentenciados a cárcel dos generales.

También están el penalista chileno Francisco Cox Vial, quien trabajó en el proceso de extradición del ex dictador Augusto Pinochet; el colombiano Alejandro Valencia Villa y Carlos Martín Beristáin, español. Estos dos últimos son especialistas en programas para el resarcimiento de víctimas y partícipes en comisiones de la verdad de varios países latinoamericanos.

El esquema de un grupo de expertos independientes con facultades de realizar una investigación del orden penal en un país miembro es un esquema sin precedente en el sistema interamericano. Fue propuesto por el Centro de Derechos Humanos José Agustín Pro, a petición de los padres y diversas organizaciones locales. El proceso de integración se inició con un convenio de intención que firmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en octubre, pero la instancia no pudo empezar a trabajar sino hasta marzo de este año, ya que las negociaciones para definir los términos del convenio se prolongaron.

Según informan fuentes cercanas a este acuerdo, la representación oficial mexicana pretendía en un principio hacer del grupo de trabajo un organismo de fachada. Los peticionarios al final lograron un acuerdo aceptable con la posibilidad de ampliar el plazo de vigor del organismo prorrogable después de los seis meses.