e acuerdo con un análisis de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, durante las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón se concesionó una sexta parte del territorio del estado de Michoacán, equivalente a un millón 278 mil 444 hectáreas, a empresas mineras de capital extranjero.

El dato es revelador del cariz entreguista e irracional que caracterizó a las administraciones emanadas del blanquiazul, y que en el caso de la minería se expresó con la virtual pérdida de control de grandes extensiones del territorio –alrededor de 26 por ciento– a manos de corporaciones trasnacionales, con las correspondientes cuotas de devastación ambiental, condiciones laborales y de seguridad precarias para los empleados, deterioro de los entornos sociales en que se llegan a asentar, y obtención de ganancias desmedidas a costa de grandes cuotas de sufrimiento humano individual y colectivo.

En ese contexto se inscribieron, por ejemplo, episodios como el de la tragedia de Pasta de Conchos, a principios de 2006, el cual fue paradigmático de la condición de trampas mortales en que se han convertido la mayoría de los socavones en el país, así como del nivel de impunidad de que gozan los grandes barones de la industria minera nacional y extranjera.

En el caso de Michoacán, al saqueo, el ecocidio y la pérdida de soberanía y derechos laborales provocado por las mineras se suma el entreveramiento de la actividad extractiva –que pese a su carácter intrínsecamente destructivo, es una actividad legal– con el accionar de grupos ilícitos, ante la inactividad y acaso la connivencia de autoridades de todos los niveles.

No debe pasarse por alto que, de acuerdo con la información disponible, una parte sustantiva del reciente recrudecimiento de la violencia en Michoacán estuvo apalancada por los recursos obtenidos por una organización delictiva –Los caballeros templarios– de la industria minera, concretamente de la comercialización del hierro. Ello configuró un escenario poco común, en el que un grupo criminal como el referido llegó a depender económicamente, en buena medida, de una actividad legal.

Es inevitable suponer que el mismo descontrol y negligencia que han podido observarse en la asignación febril de concesiones mineras y en las tareas de supervisión de las mismas por parte de las autoridades haya incentivando el desdibujamiento referido de los límites entre actividades económicas dentro y fuera de la ley.

Cuando el afán desmedido de ganancias se suma a la inexistencia de autoridades en tareas de regulación de actividades económicas sumamente rentables, como la minería, se abre un margen de maniobra peligroso para el involucramiento y consolidación de organizaciones delictivas, las cuales, como también ocurre en otros ámbitos, suelen llenar los vacíos que deja el gobierno.

Las consideraciones mencionadas son un elemento adicional para ponderar los saldos negativos de las dos administraciones panistas que condujeron el rumbo nacional. Y particularmente, resulta significativo que un gobierno que involucró al país en un baño de sangre, como fue el de Felipe Calderón, haya propiciado, directa o indirectamente y por vías no necesariamente ilegales, el encumbramiento de los grupos delictivos.