tra historia de injusticia, que ya es común en México, otra vez la red de complicidades, de nuevo la ley del embudo, lo angosto para uno y lo ancho para el otro. La víctima ahora es Gustavo Labastida Adriano, obrero del calzado, originario de Calpulalpan, Tlaxcala, hijo de campesinos y padre de Diana Karyme y Alan, de 15 y 8 años, respectivamente. El motivo de su encarcelamiento: haberse atrevido a defender los derechos laborales de un gremio frente a una poderosa trasnacional zapatera: Bata-Sandak. Se le ha fijado una fianza de 44 millones de pesos, el mensaje fue claro: si renuncias al sindicato y firmas la terminación del contrato colectivo, te dejamos libre. Un chantaje, un secuestro, denuncian los trabajadores y los ocho miembros restantes del comité ejecutivo del sindicato independiente, que actúan en la clandestinidad, ya que todos ellos cuentan con orden de aprehensión.

Todo empezó hace cuatro años, el 18 de julio de 2012, la empresa había planteado a los trabajadores que por política internacional necesitaba modificar su sistema de producción. A pesar de que tenía 40 años funcionando en Calpulalpan, Tlaxcala, ahora requería abaratar aún más el costo de la fuerza laboral, pese a que cubría salarios muy bajos, del orden de 100 pesos diarios, poco más del mínimo. Entonces los invitó a trabajar en sus casas, así podrían seguir produciendo el calzado como maquiladores al lado de sus familias, la empresa les llevaría el material y recogería el producto terminado. Eso sí, sin relación laboral, sin sindicato y sin seguridad social.

Los 250 trabajadores discutieron la propuesta de la empresa y sugirieron alternativas para hacerla más productiva; ésta respondió cerrando unilateralmente la planta y dejando a los trabajadores en la calle. Las autoridades en vez de defender la ley ante este cierre ilegal, se pusieron del lado de la patronal y se limitaron a aconsejar a los asalariados que aceptaran el trabajo a domicilio, argumentando que era una trasnacional muy poderosa y que poco podrían hacer en contra de ella.

Como bien lo señaló el gobierno de Tlaxcala, Bata es la corporación zapatera más grande del mundo y en días pasados estuvo a punto de enfrentar una huelga en Chile, que ocasionaría el cierre de 200 tiendas. ¿El motivo?, bajos salarios a sus vendedores.

Los trabajadores, en compañía de su asesor legal Eduardo Díaz Reguera, hombre curtido en las luchas obreras con cerca de 40 años en el Frente Auténtico del Trabajo (FAT), continuaron con sus esfuerzos por mantener su empleo. Nunca imaginaron el grado de subordinación de la autoridad estatal a la trasnacional. Al no recibir salarios, ni las indemnizaciones de ley, se vieron obligados a emplazar a huelga, misma que fue declarada inexistente. La Junta de Conciliación y Arbitraje, atendiendo la consigna del gobernador, desconoció la toma de nota del comité ejecutivo para dejarlos sin personalidad jurídica y ordenó a los trabajadores que se presentaran a laborar dentro de las 24 horas siguientes.

Los obreros regresaron a trabajar a la empresa, pues eso era precisamente lo que pedían. Sin embargo, se trataba de una patraña, los patrones no reabrieron la fuente laboral, por lo que los trabajadores pidieron la presencia de inspectores de la junta laboral para que dieran fe de su regreso; esperaron vanamente a las afueras de la empresa la apertura. Más tarde se enteraron que la propia junta los acusaba de haber abandonado el trabajo, no le sigan por ahí se les repetía en las reuniones con los representantes del gobierno estatal, van a inhibir las inversiones en el estado.

El amparo promovido por los trabajadores fue desechado porque el sindicato no tenía ya personalidad jurídica, puesto que la junta les había negado la toma de nota; ellos insistían en la apertura de la empresa a medida que algunos compañeros se doblaban por necesidad. Ante la negativa de los trabajadores a cancelar su contrato colectivo, la empresa Bata-Sandak decidió dar un golpe definitivo, acusando a los dirigentes del sindicato de despojo, señalando que al mantenerse éstos fuera de la planta, se le dañaba comercialmente y se le habían ocasionado pérdidas por 44 millones de pesos. ¿Cómo, si la fábrica ha estado cerrada durante todo este tiempo?

El día 17 de agosto, al salir Gustavo Labastida, secretario general del sindicato, de su casa, lo esperaban ya los abogados de la empresa y la policía ministerial de Tlaxcala, lo obligaron a subir a un vehículo que lo trasladó al Cereso de Apizaquito, Tlaxcala. La juez le fijó entonces una fianza de 44 millones de pesos, más de 140 años de su salario, para salir de la cárcel. La empresa repitió su mensaje: firma la renuncia y quitamos la denuncia, advirtiéndole cínicamente sobre los terribles riesgos que corría en la prisión.

Los trabajadores insisten en acudir al tribunal colegiado para que atienda su petición, regresen el mes que entra, les contestan y así llevan ya 12 meses. Ante tanta arbitrariedad, han acudido a solicitar la solidaridad de los sindicatos democráticos para exigir la libertad de su dirigente y la solución al conflicto laboral creado por la empresa. Los estan apoyando los sindicatos de la Ibero, del Ciesas, INAH, sobrecargos e INBA; un grupo de académicos de la UNAM ha propuesto un boicot internacional a los productos Bata; personalidades de la talla del maestro Bernardo Bátiz se han dirigido al gobernador Mariano González Zarur para que libere al detenido y en la Cámara de Diputados se prepara un punto de acuerdo sobre este tema.

Esta es una historia verdadera sobre la injusticia cotidiana que viven los trabajadores en nuestro país.