Tlapa, Gro.

La tragedia del 26 de septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero –43 muchachos de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, seis civiles ejecutados, entre ellos tres estudiantes–, pudo ocurrir porque confluyeron los dos brazos de una pinza que tiene a la entidad envuelta en una ola delincuencial que ha pactado con caciques, alcaldes, corporaciones policiacas corruptas y militares.

Lo sostiene Abel Barrera, quien, al frente del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan desde hace 21 años, documenta y litiga miles de casos de desaparición forzada, ejecuciones, violaciones, tortura, despojos agrarios y atropellos diversos. Pregunta: ¿De qué otra manera se puede explicar que se arremetiera con tanta violencia contra estudiantes desarmados y hasta un autobús con deportistas, sin razón aparente? Lo significativo es que es una acción de grandes dimensiones donde actúan en público, juntos, delincuentes y policías, seguros de su impunidad.

En ese entorno que pesa sobre las diferentes regiones guerrerenses –Montaña, Costa Grande y Costa Chica, Sierra, Tierra Caliente, Zona Norte y ya no se diga Acapulco– los poderes políticos se coluden con el poder del crimen organizado, de tal manera que no se puede distinguir el uno del otro. Ahí, en esas comunidades, no hay mediación alguna entre los pobladores y sus organizaciones y el poder autoritario: No hay nada que amortigüe el choque entre la violencia y la indefensión, ahí donde la única ley que vale es la del sicariato. Es fierro contra fierro.

Con motivo del próximo aniversario de las desapariciones forzadas de los 43 normalistas –el caso más grave que ha representado Tlachinollan– Barrera habla con La Jornada. Explica que un suceso como ese sólo pudo suceder por la conjunción de dos procesos paralelos: Por un lado el brazo represivo del gobierno, con policías que son pistoleros sin control, que extorsionan, que se vinculan con secuestradores. Por otro, los grupos del crimen organizado que han adquirido fuerza propia desde el momento que el narcotráfico asienta su plaza en el estado. Esto es lo que detona la tragedia del 26 de septiembre.

Al quitar una piedra, nos ponen una roca

El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan –reconocido y respetado en el ámbito internacional, pero tildado por el gobernador Rogelio Ortega de radical y vinculado con guerrilleros– despliega su trabajo de defensoría en tres frentes caracterizados por su pobreza, aislamiento y conflictividad: la Montaña, desde Tlapa; Costa Chica, desde Ayutla, y directamente desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Barrera advierte que desde los gobiernos federal y estatal hay empeño muy claro de contener el avance de las causas que defienden. Cada vez que logramos quitar una piedra en el camino nos ponen una roca enfrente, con toda la intención de cerrarnos el paso; de cerrar el paso a la justicia.

Antropólogo de formación, nativo de Tlapa, seminarista en su juventud y estudioso de teología, Abel Barrera habla ante la proximidad del primer aniversario de los ataques contra los estudiantes de Ayotzinapa

Comenta sobre la forma en que abordó al presidente Enrique Peña Nieto en la reunión que sostuvo con los familiares en Los Pinos: desinformado, indiferente. Sobre la investigación con la que el ex procurador Jesús Murillo Karam intentó cerrar la investigación, sobre el papel que jugó esa noche el Ejército mexicano: No estuvieron al margen de esta acción. Y, finalmente, sobre la luz en la obscuridad que representa para las madres y padres de los muchachos desaparecidos el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) asignado por la Organización de Naciones Unidad (ONU) y el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses (EAAF).

Los estudiantes estaban en la mira

–¿Los normalistas de Ayotzinapa fueron víctimas de una acción represiva del Estado o del crimen organizado?

–Las dos cosas. Existe el elemento de la persecución política. Sabemos que estaban en la mira de la policía, que los seguían, sabían dónde estaban, cómo actuaban, adónde iban. La policía iba con la finalidad de parar a los jóvenes. Y lo hizo de la mano de la delincuencia organizada. Pero ahí llegaron al extremo, a la barbarie.

–¿Qué papel jugó el Ejército?

–No estuvo al margen. El hecho mismo de que hayan ido a la clínica persiguiendo estudiantes, que los hayan sometido, encañonado, despojado de sus celulares, indica que iban a someterlos, contenerlos, aislarlos, amedrentarlos para hacer el trabajo sucio a la policía y a la delincuencia. Su papel fue cerrar el cerco.

“La relación de hechos oficial da cuenta de que ellos se acercan cuando hay detonaciones de armas de fuego, y que en lugar de irse contra los que estaban atacando se fueron contra los estudiantes desarmados que estaban en una clínica.

“Hay que mirar con cuidado el hecho de que haya dos grupos de fuerzas especiales del Ejército en la Zona Militar. Desde que el Ejército aniquiló a la guerrilla en los setenta quedó controlando esa zona, controlando las policías ministerial, estatal. Y eso sigue igual.

Y bajo ese control se incubó la delincuencia desde los años ochenta, noventa. El narcotráfico no se desarrolló al margen de esas fuerzas federales.

–¿Esto explica por qué no se intenta esclarecer esa liga entre gobiernos municipales, policías federales y crimen organizado?

–El gobierno no quiere trabajar esa línea. En el expediente oficial la policía ministerial es invisible, cuando se sabe que ahí están los mandos más sanguinarios. Resulta mucho menos costoso, políticamente, focalizar todo en la policía municipal.

Por eso es tan urgente lo que los padres insisten en que se haga: que la investigación se encamine a las redes de complicidad entre autoridades estatales y federales, Ejército, poder político y delincuencia.

–Está por cumplirse un año de la noche de Iguala. ¿Cuál es la estrategia de lucha a seguir?

–Para madres y padres la fecha no significa nada. Mientras no sepan dónde están sus hijos no van a dejar de exigir querer saber dónde están.

“Para ellos un punto central es el informe del Grupo de Expertos del CIDH. Ellos apuestan que con ese informe podrán contar con información contundente, investigaciones científicas, búsqueda en vida, acciones coordinadas y comprometidas con las víctimas. Y los miembros del grupo de expertos han sido los acompañantes ideales, los han sabido escuchar. Y tienen capacidad para emplazar al gobierno que cumpla.

“A los padres, al llegar a este primer año, los encontramos más fortalecidos gracias al trabajo meticuloso y responsable de esta instancia.

“Esto, y lo que pueda aportar el EAAF –que todavía no sabemos cuándo estará listo– son una luz en la oscuridad.”

–¿Qué significó para las familias de los desaparecidos y los caídos aquella reunión con el presidente Peña Nieto en Los Pinos?

–Ellos llegaron pensando que la palabra del Presidente tenía algún valor, que hablar con él abría un horizonte para la verdad. No fue así. Sólo fue abrir las válvulas para bajar la presión. Lo que encontraron fue un mandatario desinformado, indiferente.

–¿Cómo evalúan la actuación del ex procurador Jesús Murillo Karam?

–Cuando nos presentó, horas antes de dar a conocer públicamente su versión oficial, los padres le pidieron que no la diera, que no era una línea bien cimentada, que les iba a lastimar mucho y que no era suficiente. Él nos dijo que no. Ahí vimos que lo que el gobierno necesitaba era salirle al paso a la presión social, a las grandes marchas. Esa, su verdad histórica, era lo menos costoso políticamente para ellos.

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