Las relaciones de colaboración en materia de extradiciones entre México y Estados Unidos se deterioraron durante la primera mitad de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, debido a que ambos gobiernos comenzaron a poner trabas en la entrega de extraditables, informaron a La Jornada funcionarios de la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR).

Los problemas comenzaron en el primer año del sexenio peñista, cuando el gobierno mexicano frenó considerablemente el número de entregas de presuntos narcotraficantes que eran requeridos en extradición por el vecino país del norte, afirmaron las fuentes consultadas.

El deterioro de las relaciones se agravó luego de que Estados Unidos se negó a dar trámite inmediato a las solicitudes del gobierno mexicano de extraditar a los empresarios Gastón Azcárraga (ex dueño de Mexicana de Aviación, quien está sujeto a un procedimiento migratorio en aquel país) y Martín Díaz Álvarez (segundo socio en importancia de Oceanografía, sujeto a un proceso similar).

Estadísticas de la PGR dan cuenta de que las solicitudes de detención provisional con fines de extradición tramitadas por Estados Unidos en México cayeron 87 por ciento en los dos primeros años del actual gobierno, respecto de los dos últimos años de la administración del panista Felipe Calderón.

Desde el primer año del gobierno peñista el Departamento de Justicia estadunidense dejó de gestionar las solicitudes que regularmente llevaba a cabo, en un contexto de abiertos desencuentros con las autoridades mexicanas por violaciones a los acuerdos internacionales y falta de reciprocidad.

Como ejemplo de dichos desencuentros entre ambos gobiernos en materia de extradiciones, los funcionarios mexicanos entrevistados se refirieron al caso del empresario Martín Díaz Álvarez, ex presidente del consejo de administración de Caja Libertad y socio de Amado Yáñez, ambos propietarios de Oceanografía.

El 5 de septiembre de 2014, la PGR solicitó a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición de Díaz, pero el Departamento de Justicia del vecino país no ha llevado el caso ante una corte de distrito para iniciar un juicio.

Las fuentes consultadas destacaron que el estancamiento de este caso ha ocasionado reclamos de autoridades mexicanas a las estadunidenses, a las que acusan de asumir una actitud que podría convertir a Estados Unidos en santuario de delincuentes de cuello blanco.

Estadísticas de la PGR (de las cuales este diario tiene copia) refieren que de 2010 a 2012 la embajada de Estados Unidos presentó 390 solicitudes de detención provisional al gobierno mexicano, 130 anuales, en promedio; en 2013 la cifra disminuyó a 87 y en 2014 bajó a sólo 17, es decir, 13 por ciento de las presentadas los últimos años del sexenio de Calderón.

Las cifras oficiales indican que del primero de enero al 8 de junio de 2015, el gobierno estadunidense había gestionado 19 solicitudes de extradición.

De su lado, el gobierno mexicano también ha reducido sus solicitudes de detención provisional a Estados Unidos.

En las postrimerías del gobierno de Calderón se pidió a Estados Unidos detener a 26 presuntos delincuentes mexicanos en 2010, 51 al año siguiente y 37 en 2012. Con Peña Nieto, en 2013 se gestionaron 38 solicitudes, 29 en 2014 y en los primeros cinco meses de este año 14.