Cuando el presidente se presente al juzgado pediré su cese: fiscal general de Guatemala
El mandatario se pone a disposición del juez Gálvez mediante documento que presenta su abogado
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Jueves 3 de septiembre de 2015, p. 24
Guatemala.
La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala aprobó este miércoles por unanimidad
una investigación penal contra el presidente Otto Pérez Molina, al rechazar dos recursos de amparo presentados por su abogado contra una acusación relacionada con la trama de corrupción conocida como La línea, en la que empresarios pagaron millonarios sobornos para evadir impuestos aduaneros.
Con esta resolución, el retiro de la inmunidad del gobernante, decidido el martes por el Congreso, queda en firme, y la fiscalía tiene plena capacidad para investigar y condenarlo. Este miércoles, la fiscal general Thelma Aldana, jefa del Ministerio Público, declaró que cuando Pérez Molina llegue al juzgado, pedirá que sea cesado del cargo.
Aldana aseguró que el proceso penal por cargos de corrupción iniciado contra el presidente concluirá con un fallo condenatorio, toda vez que el presidente es sospechoso de delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera, de acuerdo con Ap.
Hay una persecución penal e iremos a debate. Luego a una sentencia, que de acuerdo con mi apreciación y lo que conozco del caso, tendrá que ser condenatoria
, apuntó. En este momento tenemos libertad absoluta de investigar cualquier línea que estimemos pertinente en el caso del señor presidente
, sostuvo.
La decisión del CC se da una semana después de que esa máxima instancia judicial del país solicitó al Congreso iniciar un antejuicio (retiro de inmunidad) contra el gobernante, con base en una investigación realizada por la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Según la investigación, revelada el 16 de abril, Pérez Molina fue acusado de liderar una red de defraudación a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) denominada La línea. El 21 de agosto, ambas entidades presentaron una denuncia ante la CC, que solicitó al Congreso iniciar el proceso de antejuicio.
Según los peritajes de la fiscalía y de la Cicig, el prófugo Juan Carlos Monzón, secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, ejercía el control de la organización criminal. La vicemandataria renunció en mayo pasado y ahora está en prisión preventiva.
Aunque Pérez Molina ha negado las acusaciones en su contra y rechaza que vaya a renunciar, César Calderón, abogado del mandatario, presentó este miércoles un memorando ante el juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo del caso, en el cual aseguró que su cliente se pone a disposición de la justicia y acudirá a las citaciones que le hagan.
A solicitud de la fiscalía, un juez especializado prohibió al mandatario, la noche del martes, salir del país ante el temor de que intente evadir la justicia. Aldana dijo que la restricción es una medida precautoria. Debido a la permanencia de Pérez en el cargo, no puede descartarse que obstruya la investigación
, dijo, aunque aseguró que estarán vigilantes de que se cumpla con la ley y se observe el debido proceso.
Iván Velásquez, titular de la Cicig, comentó que al retirar la inmunidad al presidente el Congreso cumplió con el papel que le correspondía. Este proceso apenas empieza y actuamos con todo prudencia y responsabilidad
, precisó.
Por lo pronto, el expediente que contiene la denuncia penal contra Pérez Molina ya quedó integrado al caso La línea en el juzgado B de mayor riesgo, a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, quien la semana pasada envió a prisión a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.
Gálvez deberá citar al presidente a una audiencia de primera declaración o bien ordenar su detención, si la fiscalía lo solicita, informaron fuentes judiciales.
Estados Unidos señaló que apoya a la fiscalía de Guatemala y vigila de cerca la situación. Seguimos apoyando la lucha contra el crimen y la corrupción, que incluye el trabajo hecho por la fiscalía y la Cicig
, indicó una fuente del Departamento de Estado.
La oficina en Guatemala del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos anunció que se mantiene en vigilancia para prevenir posibles manifestaciones violentas
durante las elecciones generales del próximo domingo.