Hermosillo, Son.

Dos mujeres iniciaron procesos legales en la Procuraduría General de Justicia del Estado contra funcionarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a quienes acusan de haberles quitado a ocho infantes con la presunción de que eran drogadictas.

Guadalupe Gámez Paredes, quien es abuela de siete de los pequeños, narró que acudieron este mediodía a la fiscalía estatal a interponer una denuncia en contra de Julián Arce, director jurídico del DIF estatal, porque él todo el tiempo nos ha negado a los niños, nos ha dicho que fueron dados en adopción.

Guadalupe Márquez Cuén, otra de las denunciantes, relató que hace cinco años le quitaron a dos niños con el pretexto de que era drogadicta. A uno ya se lo dieron a su papá, pero ando buscando a otra más chiquita que no sé a quién se la dieron. A mí la niña me la quitaron cuando nació, sostuvo.

Ambas mujeres señalaron que al enterarse la semana pasada del caso de una red de traficantes de menores coludida con dos funcionarios estatales, temen que los niños que les fueron arrebatados pudieran haber sido vendidos de la misma manera.

El pasado jueves, la procuraduría estatal solicitó 16 órdenes de aprehensión contra personas vinculadas a una red de tráfico de menores, entre ellas los funcionarios estatales Vladimir Alfredo Arzate Carbajal y José Manuel Hernández López. Ambos están prófugos y son buscados en 189 países.

Días después el director del DIF estatal, Agustín Blanco Loustanau, informó que tres de los nueve menores vendidos por esa red de traficantes fueron recuperados por la procuraduría estatal y refirió que aún se desconocía si los padres adoptivos los perderían definitivamente.

Al respecto, el titular de la PGJE, Carlos Navarro Sugich, ofreció una conferencia de prensa en la que anunció que a partir de hoy no perseguirán a los padres adoptivos para proteger el derecho de los menores.

No se ejercitarán órdenes de aprehensión contra los padres adoptivos de los bebés que fueron entregados por la red de traficantes de menores, ya que se ha comprobado que eso pudiera dañarlos aún más, si son separados del único hogar que han conocido hasta ahora, dijo.

Abundó que los verdaderos afectados son los niños de los que algunos están en un albergue temporal, además de que los padres adoptivos colaboraron en todo momento con las investigaciones por lo que estamos de acuerdo en que regresen a sus casas con ellos para que prevalezca el interés superior de los menores.

Puntualizó que de los nueve niños que fueron presuntamente vendidos por los miembros de la red de traficantes, no hay ninguna madre biológica o familiar que busque recuperarlos; sin embargo, prometió que estudiará a fondo las nuevas denuncias de Guadalupe Gámez Paredes y Guadalupe Márquez Cuén.