Madrid.

El derechista Partido Popular (PP) anunció inesperadamente este martes la presentación, por la vía de urgencia, de una propuesta de ley en el Congreso de los Diputados para reformar la Constitución de 1978 y dar facultades al Tribunal Constitucional (TC) para sancionar al presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, si realiza una declaración unilateral de independencia.

La medida, que se prevé será aprobada puesto que el PP tiene mayoría absoluta, permitirá suspender de sus funciones al mandatario catalán e imponerle una multa que puede ir de 3 mil hasta 30 mil euros.

El próximo 27 de septiembre se celebrarán las elecciones autonómicas catalanas más tensas y complejas de las últimas décadas. Los partidos independentistas, liderados por Convergencia Democrática de Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña, presentarán una lista unitaria que contará con el apoyo de la sociedad civil favorable a la secesión del Estado español. El diálogo entre Madrid y Barcelona está roto y la tensión ha ido en aumento tras el anuncio del propio Mas de que la hoja de ruta para la independencia estaba trazada y que nada frenará las aspiraciones democráticas del pueblo catalán.

El gobierno español, del conservador Mariano Rajoy, presentó una propuesta impulsada por los sectores más radicales de la formación, que pugnan por la suspensión de la autonomía y sancionar a Mas y su equipo de gobierno.

El nuevo líder del PP en Cataluña, Xavier García Albiol –conocido por sus posturas xenófobas y antimigratorias– advirtió que la iniciativa es la garantía de que nadie puede incumplir las resoluciones del TC y es un mensaje muy claro a los que quieren romper Cataluña del resto de España de que la broma se ha terminado... Es la forma más clara de demostrar que los independentistas no van a conseguir sus objetivos.

La propuesta puede ser sancionada a finales de octubre, o antes de que concluya la actual legislatura, previo a las elecciones generales de este año.

El gobierno catalán advirtió que la iniciativa es un acto electoralista que tiene el agravante de utilizar las instituciones del Estado. Pero es el gobierno español el que incumple desde hace años sentencias del TC. Rechazó las pretensiones represivas de Madrid, al proclamar: Cataluña no es una broma, sino una voluntad de democracia, y lo que hace el gobierno es lanzar amenazas, represión y miedo.

El Partido Socialista Obrero Español criticó la propuesta que calificó de irresponsabilidad y deslealtad, una vez más el PP en vez de buscar acuerdos impone su pensamiento único al país.