Si dan por terminado el contrato colectivo de trabajo, sales libre. Si no, te quedas en la cárcel. Además, ya hay órdenes de aprehensión contra todo el comité ejecutivo, plantearon el fin de semana anterior representantes de la empresa Calzado Sandak, de la firma extranjera Batta Internacional, al secretario general del sindicato independiente de la compañía, Gustavo Labastida Adriano.

Labastida se encuentra preso desde el 17 de agosto pasado, por una falsa demanda que interpuso la firma en su contra, en una acción más de la empresa en su campaña de hostigamiento y criminalización contra los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de Calzado Sandak, señalaron el Frente Auténtico del Trabajo (FAT) y los abogados laboralistas Arturo Alcalde y Eduardo Díaz.

Detallaron que la acusación contra la empresa deriva del injusto cierre de la fuente de trabajo y por no querer reconocer al sindicato y el contrato colectivo de trabajo. La compañía, lejos de mostrar voluntad de diálogo, decidió enfrentar el movimiento y se está llevando la producción a pequeños talleres de la región de Tlaxcala, donde paga bajos salarios y no da ninguna prestación.

El Frente Auténtico del Trabajo expuso que en esas violaciones laborales y la persecución de trabajadores y dirigentes ha sido cómplice el gobierno de Tlaxcala, encabezado por Mariano González Zarur, ya que no ha puesto un alto a la empresa en todos los ilícitos que ha cometido. Además, funcionarios del gobierno, sobre todo del sector laboral, han negado a los trabajadores sus derechos a tener un sindicato independiente y al ejercicio de huelga.

Las autoridades estatales han llegado al absurdo de exigir a Gustavo Labastida 44 millones de pesos como caución para dejarlo en libertad, lo cual los abogados calificaron de vulgar chantaje, ya que el trabajador gana 100 pesos diarios.

Ante esos hechos el sindicato, los abogados y el FAT exigen al gobernador de Tlaxcala, a la procuradora general de Justicia del estado, Alicia Fragoso, y a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Elsa Cordero, la liberación inmediata de Gustavo Labastida y criticaron la actuación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje por haber cancelado indebidamente la toma de nota al comité ejecutivo en un acto de extrema complicidad con la trasnacional.

Cabe mencionar que el conflicto derivó de la exigencia de la empresa para cambiar el sistema de trabajo, buscando que los empleados realizaran la elaboración de calzado en sus domicilios con máquinas y material proporcionados por la empresa, pero pagándoles a destajo, sin establecer relación laboral con ellos, sin sindicato ni seguridad social.