Ante la falta de acuerdos en el Senado que impidieron en noviembre de 2014 nombrar al fiscal anticorrupción, el subprocurador de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR), José Guadalupe Medina Romero, nombró en el cargo de fiscal especial para el combate a la corrupción al abogado Carlos Zapico Esquivias, informaron fuentes de esa dependencia.

Zapico Esquivias es un abogado que carece de experiencia en derecho penal y cuya actividad como funcionario público, de acuerdo con su ficha curricular que posee La Jornada, se reduce a una coordinación en la Unidad de Desarrollo Social de Pemex (de 2005 a 2015) y a un cargo de asesor en la Subsecretaría de Política Sectorial de la Secretaría de la Reforma Agraria (en 2005).

A decir de fuentes gubernamentales y de abogados litigantes bien informados, Zapico Esquivias goza de toda la confianza del subprocurador Medina Romero (quien en noviembre de 2014 fue uno de los aspirantes a ocupar el cargo de fiscal anticorrupción y fue por ello que conoció a la actual titular de la PGR, Arely Gómez), ya que fue su compañero de generación en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Los funcionarios consultados dijeron que en el nombramiento de Carlos Zapico como fiscal anticorrupción, con un salario mensual de 119 mil 670.45 pesos (según puede consultarse en la página electrónica de transparencia de la PGR), no intervino la procuradora Arely Gómez.

En su currículo de dos cuartillas, Zapico Esquivias refiere que su única experiencia ligada a temas penales la adquirió entre 1983 y 1984, cuando fungió como auxiliar de un agente del Ministerio Público Federal, además de que estuvo como abogado postulante en el bufete jurídico Herrera y Borrel de 1986 a 1991.

El tema del fiscal anticorrupción cobra importancia por los asuntos sensibles que investiga esa fiscalía especial, entre los cuales destaca la denuncia penal que enfrenta el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, acusado de supuestos desvíos de recursos, o la averiguación previa abierta contra el veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares y su familia por presunto enriquecimiento ilícito, o la denuncia penal iniciada contra el gobernador electo de Michoacán, Silvano Aureoles, por los presuntos delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público y enriquecimiento ilícito.

El 27 noviembre de 2014, cuando ya se sabía que el Senado optaría por dejar vacante el puesto de fiscal anticorrupción –a pesar de que una treintena de abogados penalistas se inscribieron en la convocatoria abierta para ocupar ese cargo–, el senador del Partido Acción Nacional (PAN) Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia, dijo en entrevista a medios de comunicación que de ser necesario los legisladores buscarían entre los mexicanos más probos al nuevo fiscal anticorrupción, a fin de que cumpla con las características que tenía el líder de los emblemáticos Intocables, Eliot Ness.

José Guadalupe Medina Romero, subprocurador de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República, nombró como su coordinador de asesores al cirujano dentista Francisco Jiménez. La imagen corresponde a Medina Romero en marzo pasado, cuando tomó posesión del cargoFoto Cuartoscuro

De su lado, entrevistados por separado, Karla Michel Salas Ramírez, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD); Felipe Rosales Jiménez, abogado postulante; José Humbertus Pérez Espinoza, de la asociación civil Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna, y Pablo Romo, académico en diversas universidades del país, exigieron a la titular de la PGR que remueva al actual fiscal anticorrupción y nombre a un abogado que demuestre tener conocimientos y experiencia en derecho penal.

Ante recientes escándalos como la llamada Casa Blanca que compró la actriz Angélica Rivera (esposa del presidente Enrique Peña Nieto) a uno de los principales contratistas del gobierno federal, es fundamental que el fiscal anticorrupción garantice total independencia y tenga conocimientos especializados en temas penales, dijo José Humbertus Pérez Espinoza.

En el mismo sentido, la presidenta de la ANAD añadió que el nombramiento de Carlos Zapico como fiscal anticorrupción echa por la borda una reforma constitucional que pretendía ser estructural y que termina siendo discursiva.

Agregó que no se puede dar el beneficio de la duda a Zapico porque no cuenta con la experiencia ni con la formación académica, además de que todo parece indicar que fue impuesto por temas de amiguismos.

Por otra parte, fuentes de la PGR informaron a este diario que la Subprocuraduría de Delitos Federales, a cargo de José Guadalupe Medina Romero (quien nombró como su coordinador de asesores al cirujano dentista Francisco Jiménez), ha implementado una estrategia legal con la que busca abatir el rezago en el desahogo de averiguaciones previas, por lo que está mandando a la reserva técnica al menos 70 por ciento de las averiguaciones previas abiertas en esa instancia.

Lo anterior significa que la mayoría de los expedientes terminarán en una especie de archivo muerto, es decir, quedarán en espera de que los denunciantes aporten más elementos probatorios para poder reabrir sus casos, informaron fuentes de la PGR.

Felipe Rosales, abogados penalista que tiene asuntos en las unidades y fiscalías que dependen de dicha Subprocuraduría de la PGR, indicó que tanto el como otros colegas han comenzado a tramitar amparos ante el Poder Judicial Federal, con miras a que sus casos no queden en el olvido de un archivo.