l Instituto Nacional Electoral (INE) fue el primero en levantar la mano y gritar ¡presente! en eso de la supuesta política de austeridad que se aplicaría en 2016, y con la cara más dura que el concreto el consejero presidente de esa institución afirma que su propuesta presupuestal para ese año refleja un ejercicio de responsabilidad ante la situación por la que atraviesa la economía del país, y atiende el llamado de la Secretaría de Hacienda para que las instituciones del Estado mexicano soliciten presupuestos tan austeros como el cumplimiento de sus responsabilidades legales lo permitan.

En 2016 el voraz aparato que encabeza Lorenzo Córdova pretende comerse 15 mil 474 millones de pesos, de los que poco más de 4 mil millones se canalizarían a las empresas disfrazadas de partidos políticos, un presupuesto prácticamente idéntico al de 2012, cuando se llevó a cabo la elección presidencial, con la participación del INE a lo largo y ancho de la República.

Y la comprometida austeridad de la dorada burocracia electoral incluye la construcción de una nueva sede por módicos 762 millones de pesos (edificaciones que suelen duplicar o triplicar el presupuesto original, como en el caso del Senado de la República), de tal suerte que para ella no sólo es posible sino obligado volver a dejar para mejor momento la mejoría de la deteriorada infraestructura escolar.

De esto último da cuenta el tétrico ejemplo oaxaqueño (y sólo es uno en la República), donde 85 por ciento de las 13 mil escuelas del estado se encuentran en condiciones deplorables, pues los salones son de lámina, madera o incluso carrizo, el piso de tierra, y en lugar de baños hay letrinas (La Jornada, Jorge A. Pérez Alfonso). Así es: más de 11 mil planteles en esa condición, pero las instituciones del Estado mexicano (Córdova dixit) se sirven con la cuchara más grande.

En lo que va del siglo XXI el INE (antes IFE) se ha comido 156 mil millones de pesos, y para 2016 pretende sumarle 15 mil 747 millones (no se consideran presupuestos del Tribunal Electoral ni la Fepade). Todo para un organismo cada día menos ciudadanizado y más apegado a los intereses partidarios, especialmente el que corresponda al inquilino en turno de Los Pinos. Todo un río de dinero destinado a una democracia sin resultados.

Entonces, si la austeridad del INE ejemplifica la que aplicarán otros organismos públicos, la estructura del gobierno federal y las correspondientes a las instancias estatales, entonces el presupuesto base cero que dicen cocinar en Hacienda servirá para dos cosas: aceitar a la monarquía política y hundir aún más a quienes pagan el festín.

Lo mejor del caso es que el menor de los gastos del INE, según su presupuesto 2016, será el que destine al proceso electoral federal (y a los estatales). Sólo el 10 por ciento, en números cerrados, oficialmente tendrá ese fin. Por ejemplo, para infraestructura inmobiliaria (léase el nuevo palacio de la dorada burocracia electoral) invertirá (762 millones de pesos) casi 20 veces más que al desarrollo de los valores democráticos, promoción de la participación ciudadana y educación cívica (40 millones).

Dice el consejero presidente que el presupuesto total del INE respecto de 2015 disminuye 20 por ciento, mientras el presupuesto base tiene un crecimiento marginal de 1.8 por ciento, y el presupuesto de proyectos se redujo 44.2 por ciento. Sin embargo, en el presente año se dio la elección intermedia, en la que se renovó íntegramente la Cámara de Diputados. En 2016 no será así, de tal suerte que tal presupuesto no es comparable con el inmediato anterior.

Una comparación correcta debe hacerse con el presupuesto 2010, un año después de renovarse la Cámara de Diputados sin elección presidencial, es decir, como sucedió en 2015. En ese año, el entonces IFE se comió 8 mil 570 millones de pesos. Para 2016 la pretensión es que el ahora denominado INE reciba un monto 80 por ciento superior (15 mil 474 millones) y con mínimos gastos proporcionales en procesos electorales. ¿Dónde quedó la austeridad?

De acuerdo con información de la Cámara de Diputados, en lo que va del presente siglo los partidos políticos (los que mantuvieron el registro y los que quedaron fuera del pastel) han recibido financiamiento público agregado por casi 55 mil millones de pesos, de los cuales 42 mil 831.3 millones han sido para actividades ordinarias, 9 mil 663 millones para la obtención del voto, mil 223.3 millones para actividades específicas, 507.1 millones para fomentar la participación política de la mujer y 504.1 millones para franquicias postales y telegráficas. Agréguense los poco más de 4 mil millones que pretenden obtener en 2016.

Entre los años 2000 y 2015 el financiamiento público se distribuyó de la siguiente manera entre los partidos políticos nacionales con representación en el Congreso de la Unión y los que tienen registro condicionado: PRI, 15 mil 148.5 millones de pesos; PAN, 13 mil 910.8 millones; PRD, 8 mil 518.4 millones; PT, 3 mil 851.3 millones; PVEM, 4 mil 658.3 millones; MC (antes Convergencia), 3 mil 385.2 millones, y Panal, 2 mil 441.5 millones. Cada uno de los tres partidos con registro condicionado obtuvieron (para el presente proceso electoral) 140.7 millones (Morena, PH y ES).

Para el proceso electoral 2015 (sin considerar ayudas de otra naturaleza) el reparto del pastel presupuestal quedó así: PRI, mil 390.9 millones de pesos; PAN, mil 168 millones; PRD, 890.1 millones; PT, 382.5 millones; PVEM, 438.7 millones (oficialmente no le alcanzaba para pagar el titipuchal de multas que el INE le impuso para después cancelarlas, aunque era obvia su obligación de cancelarle el registro); MC, 360.6 millones, y Panal, 363.6 millones.

Entonces, como se ha comentado en este espacio, hagan cuentas: ¿las empresas disfrazadas de partidos políticos y las denominadas instituciones electorales valen y desquitan la fortuna que los mexicanos gastan en ellos, quiéranlo o no? ¿La ciudadanía merece una democracia sin resultados? La respuesta es obvia, mientras la mafia electoral presume su austeridad.

Las rebanadas del pastel

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