Guatemala.

El Congreso de Guatemala analizará entre lunes y martes el informe de la comisión especial que investiga al presidente de este país centroamericano, Otto Pérez Molina, por su presunta participación en un caso de fraude al fisco en el sistema de aduanas, para valorar si se retira la inmunidad y que sea juzgado.

Deberán votar 105 de 158 diputados para que sea posible retirar el fuero al también general retirado Pérez Molina.

Según un sondeo efectuado este domingo por el periódico Prensa Libre, hasta ahora 46 legisladores de las bancadas de los partido Unidad Nacional de la Esperanza, Todos, Encuentro por Guatemala, Winaq y URNG, Creo-Unionistas y los diputados independientes Emmanuel Seidner y Jesús Ralda, se han inclinado por retirarle la inmunidad.

Al cierre de esta edición se desconocía la postura que asumirán los grupos mayoritarios en el Congreso, Líder y el derechista Partido Patriota (PP), del que Pérez Molina fue fundador en 2001.

En entrevista para Prensa Libre, el subjefe del PP, José Fernández Chenal, dijo que la decisión de retirar la inmunidad al presidente no se ha tomado.

El jefe de la bancada del partido Líder, Roberto Villate, y el subjefe Roberto Camey, no respondieron las llamadas del periódico.

Pérez Molina llegó a la presidencia de Guatemala en enero de 2012 con la promesa de aplicar mano dura contra la criminalidad. Cuatro años después decenas de miles de manifestantes le han exigido renunciar tras graves acusaciones de corrupción.

La fiscalía de Guatemala y la Comisión Internacional contra la Inmunidad en Guatemala (Cicig), adscrita a la Organización de Naciones Unidas, acusaron a Pérez Molina el pasado 21 de agosto de ser cabecilla de una estructura de defraudación fiscal llamada La línea, que facilitaba a empresarios la evasión de impuestos en las aduanas a cambio de sobornos.

La fiscalía y la Cicig presentaron una denuncia ante la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país, que autorizó al Congreso a comenzar el proceso de retiro de inmunidad.

Una de las pruebas que lo señalan fue la grabación telefónica con el ex jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, Carlos Muñoz, a quien exigió cambios de personal en la entidad supuestamente autónoma.

La injerencia en la institución de Pérez Molina fue interpretada por los investigadores como un intento por colocar a funcionarios afines en puestos claves para facilitar las operaciones ilícitas de La línea, trama de corrupción que la fiscalía y la Cicig sacaron a la luz pública en abril pasado. Desde entonces diversos sectores de la sociedad se han volcado a las calles para exigir la renuncia de Pérez Molina.

Según otras escuchas telefónicas interceptadas por la Cicig y la fiscalía, otros miembros de la organización de defraudación hicieron alusiones al presidente como supuesto miembro de La línea.

Luego de que la Cicig, hizo el descubrimiento de la red –el pasado 16 de abril–, al menos 14 miembros del gabinete han renunciado y alrededor de 100 personas se encuentran bajo investigación.