Ciudad Juárez, Chih.

El Estado mexicano no ha cumplido con alrededor de 50 por ciento de los resolutivos de la sentencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), emitida por los feminicidios perpetrados en el paraje Campo Algodonero de Ciudad Juárez, donde fueron halladas ocho adolescentes asesinadas y violadas.

La especialista en derecho María del Carmen Herrera García, quien presentó este viernes la ponencia El uso de la justicia internacional en la defensa de las víctimas de Campo Algodonero, en el congreso de estudiantes de derecho 2015 de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, explicó que el caso permanece impune, pues el Estado mexicano aún no acata los resolutivos principales de la sentencia de la CIDH, como detener a los responsables, castigar a funcionarios negligentes y crear un banco de ADN.

Recordó que la sentencia fue resultado de una denuncia que parientes de Laura Berenice Ramos, de 17 años, así como Claudia Ivette González y Esmeralda Herrera, las dos de 20 años, presentaron ante la CIDH. Estas jóvenes desaparecieron en Juárez entre septiembre y octubre de 2001, y cuando sus parientes denunciaron sus ausencias ante el Ministerio Público, las autoridades no investigaron con el argumento de que la indagatoria empezaría 72 horas después, dado que las jóvenes seguramente estaban con sus novios.

Las tres fueron localizadas sin vida en noviembre de 2001 y 24 horas después, a 50 metros de distancia, fueron encontradas cinco jóvenes más que no habían visto los agentes policiacos, dijo Herrera García. Explicó en su ponencia que en este y en muchos casos más de feminicidios, la autoridad fabricó culpables, no integró expedientes de manera adecuada y los funcionarios actuaron de manera irresponsable al buscar pruebas.

Acotó que entre los puntos no cumplidos de la sentencia, las autoridades han omitido investigar y sancionar a funcionarios acusados de irregularidades, así como indagar y castigar a los responsables de los hostigamientos contra familiares de las víctimas.

Indicó que el gobierno mexicano tampoco ha estandarizado los protocolos y manuales de investigación de delitos ligados a violencia sexual y homicidios de mujeres con perspectiva de género, ni ha creado una página web sobre desaparecidas desde 1993 en Chihuahua.