La reforma del sistema de salud en México se ha construido a lo largo de los últimos cuatro sexenios, incluido el de Enrique Peña Nieto. Es un entramado complejo con un objetivo principal: degradar el derecho a la protección integral de la salud a un esquema básico de atención, con base en un enfoque económico y en el que las personas no podrán exigir servicios adicionales, a menos que los paguen, afirmaron expertos.

De hecho, actualmente quienes pueden pagar tienen un buen servicio en el sector privado, afirmó Rafael Cervantes, miembro del Colegio Médico de México, organización civil. Y eso –recurrir al sector privado–, ver a la salud como un negocio, sería la reforma del sector a partir del modelo neoliberal.

La tarde del lunes, un grupo de especialistas se reunió en el foro La reforma Peña de la salud. organizado por Casa Lamm y La Jornada, donde José Roberto Manzano, de la Asociación Mexicana de Derecho Médico, advirtió que el gobierno ve en los consultorios adyacentes a farmacias la vía para que las instituciones se sacudan el primer nivel de atención, al amparo de la denominada portabilidad.

Dijo que el intercambio de servicios incluye necesariamente al sector privado, en particular esos consultorios que están en todas partes, aunque quién sabe con qué calidad.

Manzano consideró que la alternativa de defensa de la sociedad está en acompañar los movimientos de médicos y enfermeras que exigen mejoría en la calidad de los servicios y denuncian carencias e irregularidades en sus condiciones de trabajo, entre otros.

Jesús Sánchez Pérez, investigador de El Colegio de la Frontera Sur, consideró que la situación del sistema de salud en el país es de pronóstico reservado por los rezagos que persisten en muertes maternas, enfermedades de la pobreza, como tuberculosis, con la amenaza de un presupuesto de base cero que implicará recortes al gasto del sector y un proyecto de reforma administrativa para ahorrar recursos mediante la disminución de los servicios médicos.

Supuestamente, dijo, se busca mejorar la eficiencia, pero en un contexto donde el personal de salud carece de condiciones mínimas, como estabilidad laboral, salario con prestaciones y los insumos necesarios para el desempeño de su trabajo, sobre todo en las zonas marginadas del país.

A su vez, Gustavo Leal, investigador de la UAM Xochimilico y colaborador de La Jornada, planteó que con la iniciativa de reforma al artículo cuarto constitucional se concretará la degradación del derecho a la salud, pues se crearán lo que llaman garantías explícitas (paquete mínimo de servicios), que no es más que la pérdida de la atención integral.

Para Odilia Ulloa, asesora en el Senado, con su proyecto de reforma al sistema sanitario lo que han conseguido los gobiernos federales en los pasados 20 años es la terminación de la responsabilidad del Estado con la salud pública y los principios básicos de la seguridad social: la solidaridad de los trabajadores que tienen mayores salarios con los de menos ingresos.