El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Senadores concluyó su séptima reunión plenaria con el acuerdo de impulsar el próximo periodo de sesiones las leyes secundarias para concretar el Sistema Nacional Anticorrupción y la reforma constitucional para eliminar el fuero de todos los servidores públicos, incluido el presidente de la República.

Durante la discusión, los perredistas consideraron fundamental mejorar las normas para evitar que escándalos de corrupción, como el de la llamada Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto, queden en la impunidad.

Analizaron el informe de investigación presentado por el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, en el que exculpó de toda responsabilidad al jefe del Ejecutivo y al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por la adquisición de inmuebles al grupo Higa, contratista vinculado con el gobierno de Peña Nieto.

Debe precisarse que ninguna investigación puede ser llevada bajo los principios que rigen el debido proceso si quien investiga es subordinado del sujeto a investigar, pues en estos casos se trata de una investigación nula de pleno derecho, resaltaron los senadores perredistas en sus conclusiones.

Decidieron poner énfasis en que se expidan las leyes Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, General de Archivos y General de Protección de Datos Personales para ampliar los mecanismos de acceso de la ciudadanía a la información pública gubernamental de todos los poderes y dependencias.

El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, precisó que concluyeron que su trabajo legislativo debe ajustarse a las necesidades de las mayorías y recuperar como principios rectores la justicia social y el combate a la desigualdad, e impulsar leyes sobre seguridad pública y justicia.

En las conclusiones, los perredistas acordaron concluir el proceso legislativo de diversas reformas en materia de seguridad pública para fortalecer el combate a la delincuencia, incluyendo la regulación de la Fiscalía General de la República.

Asimismo, impulsar una reforma constitucional para la renacionalización de la industria energética y, de manera urgente, el fortalecimiento financiero, tecnológico e industrial de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad.

En materia económica, propusieron insistir en la desindexación de los salarios mínimos e impulsar una reforma al artículo 28 constitucional para que el Banco de México asuma como meta, no sólo el control de la inflación, sino el impulso al desarrollo económico.