Moscú.

La aplicación selectiva de la justicia en Rusia, acorde con la línea que marca el Kremlin, adquirió este martes la enésima confirmación al conceder una corte la libertad condicional a Yevgueniya Vasilieva, condenada a cinco años de prisión como principal imputada en un escándalo de corrupción en el ejército ruso.

Otra corte, el 8 de mayo anterior, estableció en su sentencia que Vasilieva, cuando se desempeñaba como directora general de infraestructura militar, encabezó una red criminal que adquirió a precio de ganga edificios, terrenos y otros bienes adscritos al Ministerio de Defensa en los tiempos en que era titular de esa cartera Anatoli Serdiukov, su amante.

Vasilieva no tuvo la suerte de Serdiukov –que quedó exonerado de toda sospecha al beneficiarse de una amnistía general con motivo del 70 aniversario de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial, aunque los detalles del bochornoso caso le costaron el cargo de ministro de Defensa y el divorcio–, pero apenas estuvo tres meses en la cárcel.

La mitad de su condena –así lo determinó el juez hoy– la pasó en su lujoso departamento, con paseos diarios por el centro de Moscú y visitas a tiendas exclusivas. Además, la dirección del centro penitenciario dice que Vasilieva mostró buena conducta y sus abogados exhibieron un contrato laboral, lo que en su opinión debe facilitar su reinserción social.

La libertad condicional, otorgada a Vasilieva de inmediato, sin siquiera esperar los 10 días de trámite de rigor, provocó fuertes críticas incluso entre los diputados oficialistas de la Duma como Frants Klintsevich, vicecoordinador de la bancada de Rusia Unida, que la calificó de insulto a las autoridades, al sistema judicial y a todo lo demás, mientras su colega de Rusia Justa, Mijail Yemelianov, dijo que era un duro golpe a la lucha contra la corrupción.

El trato preferente a Vasilieva, cuyo padre devolvió el equivalente de más de 7 millones de dólares como parte del quebranto causado por su hija a la dependencia militar, contrasta con la reiterada denegación de la libertad condicional –la otra cara de la moneda de la justicia selectiva en Rusia– a las integrantes de Pussy Riot, Nadezhda Tolokolnikova y Maria Aliojina, madres de niños pequeños, que permanecieron en prisión hasta el último día de su condena y cuyo delito consistió en cantar y bailar a ritmo punk una oración contra el presidente Vladimir Putin en un templo de la Iglesia ortodoxa.