Guatemala.

La Suprema Corte de Justicia de Guatemala dio trámite este martes para un antejuicio contra el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, quien se encuentra cada vez más aislado luego de la renuncia de una decena de altos funcionarios, incluidos seis de sus 14 ministros, en medio de un escándalo de corrupción que ya llevó ante la justicia a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, señalada como una de las cabezas de una trama de defraudación fiscal.

La fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de la Organización de Naciones Unidas, solicitaron a la Suprema Corte retirar la inmunidad al mandatario tras presentar el pasado viernes los resultados de una investigación que vincula a Pérez Molina con una estructura ilegal de defraudación aduanera conocida como La línea, y lo coloca, junto a la ex vicepresidenta Baldetti, como el cabecilla de la red ilegal.

Éste es el segundo trámite de antejuicio que acepta el máximo tribunal contra el presidente. El primero fue solicitado en mayo pasado por el diputado opositor Amílcar Pop por el mismo caso, pero el 13 de agosto el Congreso rechazó quitarle la inmunidad.

Tras la revelaciones del viernes, el mandatario comenzó a perder integrantes de su equipo de gobierno y seis de los 14 ministros que integran el gabinete (Economía, Educación, Agricultura, Salud, Finanzas y Comunicaciones) renunciaron.

Los dos últimos en dimitir fueron los de Finanzas, Durval Carías, y de Comunicaciones, Víctor Corado, durante una reunión de gabinete la noche del lunes, informó la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. En paralelo, dimitieron siete viceministros (tres de Economía, dos de Finanzas y dos de Comunicaciones), así como la titular de la Secretaría de Planificación de la Presidencia, Ekaterina Parrilla.

El barco de Otto Pérez Molina, general retirado, también fue abandonado por los secretarios de Inteligencia Estratégica, Julio Godoy, y del Consejo Técnico de Seguridad, Ricardo Bustamante.

El presidente, que atraviesa por la peor crisis de su gobierno, aún no ha aceptado las renuncias de los ministros de Agricultura, Finanzas y Comunicaciones, pero el vocero presidencial, el coronel Jorge Ortega, comentó que serán aceptadas, porque no puede tenerlos a la fuerza.

La crisis política comenzó en abril pasado, cuando la CICIG desarticuló una organización que cobraba sobornos a empresarios para facilitarles la evasión de impuestos aduaneros.

Baldetti renunció el 8 de mayo y fue detenida el viernes pasado; este martes el juez Miguel Ángel Gálvez le abrió un proceso penal.

El fiscal Juan Francisco Sandoval acusó a Baldetti de los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo. Durante el tiempo que Baldetti formó parte de la red, del 8 de mayo del año pasado al 16 de abril de 2015, habría recibido 3.7 millones de dólares en sobornos, indicó.

Diversos sectores exigen la renuncia de Pérez Molina y la cancelación de las elecciones generales convocadas para el 6 de septiembre. Este martes, una decena de organizaciones campesinas e indígenas cerraron unos 15 tramos carreteros, al continuar las protestas.

La Cámara de Turismo de Guatemala se sumó al pedido de dimisión inmediata del gobernante y que se someta a investigación. Ya el viernes, la poderosa cúpula empresarial hizo lo mismo, igual que el arzobispo metropolitano Oscar Julio Vián Morales.

En este contexto, una delegación de parlamentarios de Alemania, que realiza una visita a la CICIG, informó que su país ofrecerá un nuevo apoyo económico por 1.1 millones de dólares al trabajo que realiza el organismo.

La delegación se reunió con el comisionado Iván Velásquez en la sede de la CICIG, para conversar sobre temas relacionados con el trabajo de la comisión en Guatemala, en particular sobre los avances en las investigaciones y la cooperación con el Ministerio Público en la lucha contra estructuras criminales enquistadas en las instituciones del Estado, señaló el organismo.