Ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil exigieron a la Asamblea Legislativa (ALDF) no ratificar a Yazmín Esquivel Mossa como magistrada de la sala superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, al considerar que su desempeño se ha caracterizado por estar al servicio del gobierno capitalino y no en favor de los intereses ciudadanos.

Habitantes de las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán, que enviaron una misiva al presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la ALDF, Antonio Padierna Luna, señalaron que aun cuando la gestión de la magistrada concluye en noviembre, la actual legislatura pretende dar albazo y ratificarla antes de que lleguen los nuevos asambleístas.

Nos declaramos en contra y pedimos que se espere el periodo que tiene de actuación para que se tenga oportunidad de una discusión en la cual puedan participar los ciudadanos y legisladores locales, para garantizar que quien encabece dicha institución cuente con la autoridad moral y profesional para que se dé pleno cumplimiento a los objetivos del tribunal, expusieron.

Los ciudadanos y las organizaciones civiles acusan que la gestión de la funcionaria –a quien el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, propuso para ser ratificada–, estuvo marcada por un conflicto de intereses en el caso de la Supervía Poniente y la nula atención a las demandas ciudadanas, como ocurrió en el caso de los parquímetros y las construcciones irregulares.

Apuesta mal el jefe de Gobierno en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, señala el pronunciamiento firmado, entre otras organizaciones, por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el Centro Pro de Derechos Humanos, Greenpeace México, la Asociación en Defensa Roma-Condesa y el Frente Amplio contra la Supervía Poniente.

El posicionamiento se da luego de que la misma Asamblea Legislativa publicó el 21 de agosto pasado el aviso para que los ciudadanos hagan llegar sus comentarios sobre dicha postulación.