Alrededor de 60 por ciento de los casos de sobrepeso y obesidad infantil pueden estar relacionados con el bajo consumo de agua potable, los cuales, sumados a los cuadros de infecciones gastrointestinales –que en más de 80 por ciento son causados por ingerir agua contaminada– equivalen a más de 2.6 millones de menores enfermos al año.

Una cuarta parte de estos casos se podría evitar con la instalación de bebederos en las escuelas, desde prescolar hasta secundaria, asegura la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

En un análisis que justifica la instalación de estos equipos, el organismo afirma que también se evitaría erogar más de 9 mil 500 millones de pesos, por menor carga de enfermedad y ausentismo escolar.

Esta cifra equivale al doble de los costos que representará la instalación de bebederos, estimada por la Cofepris en cerca de 5 mil 500 millones de pesos, que se utilizarán en evaluación y dictámenes de sistemas de potabilización y para inversión en infraestructura de colocación y mantenimiento de bebederos.

El estudio asegura que la disponibilidad de agua potable en las escuelas aumenta su consumo y disminuye el de bebidas azucaradas. Una investigación del Instituto Nacional de Salud Pública afirma que en sólo siete años la ingesta de refrescos y bebidas azucaradas se elevó entre los adolescentes en más de ciento por ciento.

La Cofepris estima que con la entrada en vigor de los lineamientos para la instalación y mantenimiento de bebederos en las escuelas aumentarán 50 por ciento las solicitudes de autorización y validación de equipos potabilizadores. Sólo en 2013 la autoridad sanitaria concluyó 33 trámites.

El análisis forma parte del expediente del proyecto de Acuerdo de los lineamientos, el cual debería haber entrado en vigor a principios del año.

Desde 2014, los legisladores autorizaron una partida de mil 300 millones de pesos para ese fin; sin embargo, el proceso está detenido.

El proyecto de los lineamientos ingresó a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en diciembre de ese año, se modificó en tres ocasiones y el 9 de abril ésta emitió un dictamen total, no final, en el cual plantea que las secretarías de Salud y de Educación consideren la posibilidad de que donde no haya condiciones se cumpla con la disponibilidad de agua mediante garrafones.

Lo que sigue en el proceso administrativo es que las secretarías de Estado respondan al documento no final de Cofemer para que ésta a su vez esté en condiciones de dar un dictamen final y el acuerdo entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Al respecto, Luis Manuel Encarnación, director de la fundación Mídete, recordó que el decreto presidencial donde se ordena la instalación de bebederos en las escuelas fijó un plazo de tres años para que se cumpla en todo el país.

No es tarea fácil, dijo el activista, sobre todo porque sólo entre 40 y 50 por ciento de las escuelas tienen acceso al agua potable en bebederos o garrafones y en alrededor de 14 por ciento existen los primeros, pero no significa que funcionen.