La orden de detención con fines de extradición a Estados Unidos que Joaquín El Chapo Guzmán Loera logró frenar mediante un amparo provisional días después de su fuga del penal del Altiplano, ocurrida el pasado 11 de julio, está sustentada en una acusación de fiscales estadunidenses que le imputan el delito de conspiración para introducir a ese país unas 50 toneladas de cocaína en un mes.

La Jornada tuvo acceso este fin de semana al expediente de extradición 3/2001, del juzgado tercero de distrito de procesos penales federales, el cual incluye las constancias de la acusación de las autoridades estadunidenses.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que sólo el traslado a ese país de 50 toneladas de cocaína, en marzo de 1996, dejó al cártel de Sinaloa, que dirige Guzmán Loera, ganancias por unos 700 millones de dólares.

La mayoría de las entregas (de droga) las realizó Guzmán Loera mediante túneles que partían de Tijuana, Tecate y Mexicali, que conectaban hacia territorio de Estados Unidos, señala un documento judicial de una corte estadunidense, el cual fue traducido al español y está debidamente apostillado.

Las autoridades del país vecino aseguran que el traslado de cocaína se efectuó en 1996. La mayoría de la droga iba oculta en latas de chiles, cajas de sopas y pollo empaquetado. La organización criminal de Guzmán Loera también utilizaba empresas establecidas en Los Ángeles, que simulaban la importación de productos mexicanos, mediante una línea de aerotaxis ejecutivos propiedad de El Chapo.

Así lo afirma el expediente 95-0973-B, en lo que constituye el primer caso criminal de la corte federal del distrito sur de California que se usó para tramitar en México la primera orden de detención provisional con fines de extradición contra Guzmán Loera.

No obstante, cuando el capo fue detenido el 22 de febrero de 2014 en Mazatlán, Sinaloa, los estadunidenses pidieron corregir esa orden de detención para volver a tramitarla, lo que ocurrió unos 15 días antes de la reciente fuga de El Chapo.

El pasado 29 de julio, cuando Guzmán llevaba varios días prófugo, sus abogados presentaron una demanda de amparo, en la cual impugnan cualquier orden de detención provisional con fines de extradición librada contra su cliente.

Al siguiente día el juzgado quinto de amparo en materia penal concedió a Guzmán, en el expediente 712/2015, una suspensión para evitar su entrega a otro país. Ello tal como ordena la Ley de Amparo, cuando el quejoso presenta una demanda para cuestionar actos con los que se busca sacarlo de territorio nacional.

El recurso de petición de amparo fue presentado apenas un día antes de que el juzgado tercero de procesos penales federales en el Distrito Federal finalmente ordenara la detención provisional con fines de extradición solicitada por Estados Unidos.