Habitantes de San Francisco Xochicuautla, en el municipio de Lerma, estado de México, piden que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) amplíe las medidas cautelares para detener los trabajos de la autopista Toluca-Naucalpan, concesionada a una empresa filial del Grupo Higa, que afecta la reserva del Bosque Sagrado Otomí Mixteca.

Además, denuncian la falta de equidad e imparcialidad en los tribunales federales en materia de amparo respecto de los procesos 970/2014 y 771/2015, pues no se ha dado cauce a su demanda.

Representantes de las comunidades indígenas advirtieron que si el caso no es atendido se llevará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, e incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Después de vencido el plazo de 30 días de las primeras medidas cautelares, personal de la empresa constructora de Autovan, del Grupo Higa, resguardado por elementos de seguridad, ingresó maquinaria pesada para continuar la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, para lo cual hubo un decreto de expropiación de 39 hectáreas de bosque otomí.

José Luis Fernández Flores, vocero de la comunidad de San Francisco Xochicuautla afirmó que con el decreto expropiatorio del presidente Enrique Peña Nieto se pretende no sólo legalizar el despojo de las tierras que pertenecen a la comunidad, sino también acabar con la defensa jurídica que desde 2007 se viene haciendo de estos terrenos.

Junto con esta acción arbitraria e ilegal –porque no reúne los requisitos de ley– hay una clara política de hostigamiento, amenazas y criminalización contra los pobladores y sus líderes. Tan sólo en los pasados dos años se ha detenido a 22 personas que se opusieron a la entrada de maquinaria a sus terrenos comunales. Y aunque todos fueron liberados, los procesos penales de ocho de ellos se mantienen abiertos.

En contraparte, desde diciembre pasado los pobladores y comuneros presentaron ante la Procuraduría General de la República denuncias por el presunto despojo de tierras, tala indiscriminada y diferentes violaciones contra la comunidad, sin que hasta ahora se tenga respuesta. Además, ya han ocurrido enfrentamientos entre la población y los policías y la destrucción de media docena de viviendas. La tensión va en aumento y con ello la posibilidad de represión.

El Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, así como diversas organizaciones de derechos humanos y ambientalistas han expresado su apoyo a los pobladores de San Francisco Xochicuautla, y el próximo domingo se espera la asistencia del obispo Raúl Vera López para encabezar un acto en el que emitirán un decreto de reapropiación que desconoce el de expropiación de Peña Nieto.