o por larga e inequívocamente prevista resultó menos escandalosa la grotesca exculpación que un secretario de opereta ofrendó a su patrón, Enrique Peña Nieto (que para ello le había instalado en un cargo de falsa contraloría), y a Luis Videgaray, a cuyo cobijo faccioso también debe Virgilio Andrade Martínez el ocupar la alcahuetería institucionalizada cuyo nombre oficial es Secretaría de la Función Pública.

La orquestación política fue rematada con sendas cartas de presuntas disculpas de Peña y Videgaray, que en lugar de sosegar los ánimos, como pretendían los estrategas de Los Pinos, reforzaron en muchos mexicanos la convicción de que la nación está en manos de una cleptocracia cínica y que la protección desvergonzada que el bufón del rey dio a conocer en tragicómica conferencia de prensa el pasado viernes es una garantía anunciada de impunidad en los casos que hoy lleva adelante la clase política mafiosa (en particular, los relacionados con la riqueza energética), sin castigo alguno la adquisición de ostentosos bienes inmuebles (enriquecimientos menores, en el contexto de los negocios multimillonarios en dólares que se están cerrando), suficiente la verborrea legaloide para exculpar, presta la maquinaria institucional para blandir títulos ilegítimos de inocencia, atenta la resonancia mediática para hacer eco de las disculpas de cocodrilo de Enrique y Luis y de las nuevas medidas a tomar para, ¡ahora sí!, combatir a fondo la corrupción.

La transa como doctrina suprema ni remotamente castigable fue proclamada por el heraldo arlequinesco Andrade (quien al inicio de su carrera política fue colaborador de Ana Paula Gerard, ahora esposa de Carlos Salinas de Gortari), cuyo padre y algunos de sus familiares también forman parte de la escuela política del sometimiento extremo a los deseos de los poderosos, especializados en retorcer las de por sí propicias letras jurídicas para justificar los intereses del cliente político en turno. Véase la nómina: el progenitor, Virgilio Andrade Palacios, es abogado de Carlos Romero Deschamps en el sindicato petrolero, con especial protagonismo en el episodio del dinero público triangulado para la campaña presidencial priísta de Francisco Labastida; un hermano, Enrique, es consejero pro priísta del Instituto Nacional Electoral (el propio Virgilio fue consejero ciudadano del IFE, de 2003 a 2010, y convalidó el triunfo calderonista); otro hermano, Víctor, es el titular de la unidad de asuntos jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación (la transparencia gubernamental, fraternalmente atendida), y la esposa tiene un cargo en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (bajo el cobijo del amigo Videgaray).

Nadie podría esperar nada justicieramente serio luego de haber observado el reverencial y embelesado lenguaje corporal de Andrade el día en que recibió el regalo de una secretaría del gabinete, el pasado 3 de febrero, y el irónico encargo de investigar a fondo los eventuales conflictos de intereses de su jefe inmediato y promotor, Videgaray, y del jefe supremo, Peña, y su esposa, con la Casa Blanca como nota principal. Virgilio, sin embargo, convirtió su resolución final en una farsa sin atenuantes, en una burla con agravantes, dejando intocada la pista central del grupo Higa y el benevolente empresario Juan Armando Hinojosa Cantú y reivindicando, con este expediente notable, el derecho del universo de contratistas y funcionarios públicos a continuar con la corrupción institucionalizada, controlada y dominada cualquier instancia de castigo a pillerías pasadas o por suceder.

Peña mantuvo durante una tercera parte de su periodo de mando a la Secretaría de la Función Pública en estado de abandono extremo, supuestamente como preámbulo del cumplimiento de la promesa de campaña electoral de establecer un ejemplar sistema nacional contra la corrupción. Había allí un funcionario sin fuerza, Julián Olivas Ugalde, como encargado del despacho, hasta que llegó Andrade Martínez para fabricar una exculpación por encargo. Al final, Angélica Rivera podrá presumir una inocencia formal e incluso eludir el cumplimiento de su promesa inicial de vender los derechos de la Casa Blanca (venta que le podría permitir el seguir en posesión del inmueble, cuyos derechos de propiedad podría recomprar más adelante a un simulador); Peña Nieto podrá argüir con entusiasmo que un empleado suyo lo exoneró de la acusación de traficante de influencias, al igual que al vicepresidente económico, Videgaray; Higa, Hinojosa y demás contratistas podrán continuar con la tradición de regalar casas, acciones o dinero a políticos que les dan contratos, y un puñado de periodistas profesionales y valientes, con Carmen Aristegui a la cabeza, seguirán sin micrófonos ni plataforma radiofónica de difusión por haber exhibido lo que más allá de los risibles alegatos legaloides de Virgilio (auténtico choro mareador) es, conforme a la tradición del sistema político mexicano, y a lo que se ha visto en especial en los años recientes, un clamoroso acto de corrupción jurídicamente no castigada por sus propios beneficiarios.

En San Lázaro todo quedaba listo también para continuar con la protección de los intereses cupulares. El Instituto Nacional Electoral, con otro Andrade Martínez como consejero, aprobó la distribución de diputaciones de representación proporcional y, como números finales, el PRI y su marioneta táctica, el partido de las cuatro mentiras (PVEM), han quedado exactamente con la mitad de los asientos de la Cámara de Diputados que está por comenzar sus labores. A esas 250 manos dispuestas a levantarse aprobatoriamente en apoyo de las propuestas de Peña Nieto sólo faltará un voto más para ser mayoría relativa y, obviamente, abundan los diputados de oposición deseosos de subastar su sufragio.

Y, mientras un juez le ha negado a Elba Esther Gordillo (por lo pronto) el beneficio de la prisión domiciliaria, temeroso el régimen de que haya una nueva fuga de escándalo, ¡hasta mañana!

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