Caracas

Estamos verificando en el terreno la aplicación de las acciones que ha tomado el presidente Nicolás Maduro para proteger al Táchira y a Venezuela", dijo el vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza quien este fin de semana presentó pruebas de la actividad de bandas paramilitares en la frontera con Colombia.

El presidente Nicolás Maduro declaró el cierre de frontera y el estado de excepción el jueves pasado en las localidades de San Antonio del Táchira y Ureña por 72 horas, tras un ataque atribuido a paramilitares colombianos que supueatemente iban a contrabandear alimentos, con saldo de tres militares y un civil heridos. El mandatario colombiano decidió un día después la prolongación del cierre fronterizo de maera indefinida.

La cancillería de Colombia solicitó este domingo a Venezuela que respete la integridad y los derechos de los colombianos que viven en la zona fronteriza. Casi 400 colombianos que vivían indocumentados en Venezuela fueron deportados desde el jueves pasado, y según la cancillería colombiana muchos denunciaron que sufrieron atropellos por parte de autoridades venezolanas.

Tras una reunión en San Antonio del Táchira, Arreaza presentó en un mensaje en televisión objetos incautados e inmuebles utilizados para fines delictivos como una edificación disimulada como vivienda, ubicada a unos 300 metros de Colombia que en realidad funcionaba como prostíbulo y casa de juegos.

Según el vicepresidente, se trata de un lugar para colocar a víctimas de secuestro o trata de personas, como lo reafirma la carencia de escaleras u otros accesos sencillos.

Dijo que más de 500 mujeres fueron explotadas sexualmente por paramilitares del vecino país. También mostró a las cámaras una vivienda de láminas de zinc en la cual, aseguró, se decomisaron máscaras, uniformes, insignias de bandas paramilitares, explosivos, detonadores, herramientas y material para la confección de bombas.

Venezuela y Colombia comparten una porosa frontera de 2 mil 219 kilómetros, donde las autoridades de ambos países denuncian la actividad de grupos guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y contrabandistas de combustible y otros productos fuertemente subsidiados por el gobierno venezolano.