adio UNAM propició un debate entre representantes de Monsanto y de la Demanda Colectiva Maíz, en su programa Chiapas Expediente Nacional, conducido por Eugenio Bermejillo. El debate pasó al aire el martes 11 de este agosto. Se puede escuchar en la liga http://htl.li/QPrE1 En su intervención final, el contexto de uno de los representantes de Monsanto fue que su representada nunca demandaría a un campesino mexicano si su maíz nativo contuviera alguna construcción transgénica propiedad de Monsanto. Así, el campesino podría seguir guardando su semilla, pero podría elegir entre cosechar una ton/ha con su maíz nativo, o bien cosechar de 3 a 6 ton/ha con maíz transgénico.

Es creíble la primera parte de esa aseveración, aunque difícilmente lo sería por razones humanitarias, como suena en el audio; lo sería más bien por razones de estrategia mercadotécnica. La segunda parte es una mentira que ni los de Monsanto creerían. En la actualidad, Monsanto no podría demandar a ese campesino mexicano por tres razones por lo menos. Primera: la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) de México protege la semilla del campesino obtentor y prohíbe las patentes en las plantas superiores. Así que aunque la semilla del campesino se hubiera contaminado, Monsanto no lo podría demandar ante la ley mexicana. Segunda: aunque ya se ha detectado esa contaminación en 16 estados de la República, su frecuencia es afortunadamente muy baja, a veces indetectable. También por eso, Monsanto esta imposibilitada para demandar. Tercera: más de 2 millones de familias campesinas cultivan maíz nativo en México; no alcanzarían el Ejército ni la policía mexicana, ni habría espacio en las cárceles para confinar a más de 2 millones de campesinos. Por eso, Monsanto puede proclamar su filantropía, aunque de manera temporal, porque su mercadotecnia es y será cambiante.

Monsanto tiene solución para estas y para otras razones. En 2012, sorpresivamente, el Senado mexicano aceptó el canto de las sirenas de la modernidad-Monsanto y se dejó convencer para cambiar la LFVV al modo Monsanto, y envió su minuta a la Cámara de Diputados. Mientras la operación Senado fue casi sigilosa, no fue así en la Cámara de Diputados. Las organizaciones de productores, consumidores y de investigadores lograron, con argumentación, que no fuera votada en el pleno. Ese sigue siendo el estatus actual de la minuta: está sostenida con alfileres, tiene la espada de Damocles sobre la cabeza. ¿Podría impedir la dimensión humana de Monsanto que sus hordas de abogados logren esa minuta a modo?

También la baja intensidad de contaminación actual del maíz nativo se puede arreglar. La mañana del 19 de este agosto, su señoría Francisco Peñaloza Heras, juez décimo segundo de distrito de materia civil del primer circuito, resolvió suspender la prohibición para que la Sagarpa otorgara permisos de siembra de maíz transgénico a cielo abierto en México (que ya llevaba dos años). La Demanda Colectiva Maíz apeló esta resolución en tiempo y forma. En poco ponderó el señor juez Peñaloza Heras la información aportada por la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad AC (UCCS), de que la contaminación del maíz nativo sería imparable y que pondría en riesgo la salud y la alimentación pluricultural de los mexicanos. Tampoco ponderó el grito fuerte de las organizaciones campesinas y de consumidores y hasta de los productores de corte empresarial de Sinaloa. El mismo señor juez Peñaloza Heras estará a cargo del juicio que culmina este proceso. Sabemos que en menos de 10 años después de que Sagarpa otorgara los permisos de la siembra de algodón transgénico a cielo abierto en el norte del país, se contaminó el algodón nativo en el sur, a centenares de kilómetros de por medio. Mientras el algodón se autopoliniza, el maíz es de polinización cruzada, por lo que, inevitablemente, su contaminación avanzará más rápido. Ya nos aterroriza ver venir la sentencia del juez Peñaloza Heras.

La tercera razón sería superable si Monsanto lograra negociar un acuerdo con el gobierno mexicano, mediante el que éste pagara las regalías correspondientes al campesinado. Esto sería territorio ya andado en otros países. El mercado de semilla transgénica y agroquímicos acompañantes es del orden de mil 200 millones de dólares anuales (unos 20 mil millones de pesos). El gobierno sólo tendría que negociar la fracción correspondiente al campesinado mexicano. El arreglo sería casi idílico: Monsanto filantrópica, el gobierno mexicano país de ley y orden, y los campesinos podrían manejar su maíz contaminado con toda libertad. Aquí los perdedores seríamos los que pagamos impuestos y los que comemos maíz. ¿Tú, lector, comes maíz y pagas impuestos?

*Investigador Nacional Emérito. Miembro de UCCS, AC [email protected]