El Instituto Belisario Domínguez, órgano del Senado, destaca que para que se aplique la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes aún está pendiente la armonización de ésta y las instituciones con las directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado estipuladas por Naciones Unidas.

En el estudio la Ley General de los derechos de los menores: génesis del estado de derecho para la infancia y adolescencia en México se afirma que aún se requiere un amplio proceso de revisión de la legislación en el país en los tres órdenes de gobierno.

Ello, debido a que la ley aprobada en noviembre pasado en el Congreso de la Unión implica un tratamiento jurídico a la infancia y adolescencia distinto del que se encuentra plasmado en normas, reglamento y normas actuales, por lo que debe hacerse una revisión minuciosa con el objetivo de armonizar esos instrumentos jurídicos con la primera.

Se indica que la diferencia radica en que, aunque en la Carta Magna los niños, niñas y adolescentes son reconocidos como sujetos de derechos, éstos quedaban reservados sólo para los agentes autónomos, es decir, a aquellos con capacidad para tomar decisiones independientes.

El Instituto Belisario Domínguez señala que los ordenamientos que necesitan modificarse urgentemente para que la aplicación de dicha ley sea una realidad son: la Ley General de Educación, el Código Civil Federal, la Ley de Asistencia Social, la Ley de Migración, la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, la Ley Federal del Trabajo y la Ley de la Juventud.

Crear nuevas instancias

De igual forma, detalla las instancias que deben ser creadas a partir de la ley: los sistemas de protección integral y sus secretarías ejecutivas, así como las procuradurías de protección en los niveles nacional, estatal y municipal.

Otros aspectos pendientes son las obligaciones correlativas y los mecanismos para que los derechos contenidos en la convención sobre los Derechos del Niño se logren de manera plena. Uno implica a los menores de edad privados del cuidado parental, sin duda uno de los sectores más invisibles y vulnerados de la sociedad.

Los otros son: trabajar en la accesibilidad de los mecanismos de garantía, restitución y reparación de los derechos; la aprobación de leyes y la creación de los sistemas y procuradurías en los estados y municipios y la armonización legislativa transversal en el ámbito federal.