l miércoles pasado el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, anunció que la elección presidencial de 2018 será declarada válida
aun en caso de que el candidato ganador haya violado de manera flagrante, grave y sistemática la legislación electoral y el estado de derecho. Unos días antes, el mismo funcionario había anunciado que el INE no puede hacer absolutamente nada para detener la compra y la coacción del voto por medio de dádivas y presiones de los partidos políticos. Eso no lo vamos a resolver por la vía electoral
, señaló el otrora experto en derecho electoral.
La supuesta transición
mexicana a la democracia hoy yace muerta. Las instituciones electorales creadas durante la década de los noventa para garantizar una competencia justa entre diferentes opciones políticas hoy fungen como fieles defensoras del régimen autoritario de impunidad y corrupción.
La decisión del INE, el pasado 12 de agosto, de rechazar la solicitud ciudadana de retirar el registro al PVEM pinta de cuerpo entero a los funcionarios electorales. La ley es meridianamente clara. Tanto el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos como el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señalan como causal de pérdida de registro la violación de manera grave y sistemática
de la normativa electoral.
Hasta los mismos consejeros que de manera vergonzosa defendieron al PVEM, como Ciro Murayama, Benito Nacif, Marco Baños, Adriana Favela y Córdova, tuvieron que aceptar durante el debate la abierta burla del partido del tucán al estado de derecho desde hace años.
En 2015, por ejemplo, estuvieron a los ojos de todos la campaña anticipada, los cineminutos, los informes
legislativos, la compra ilegal de menciones
en radio y televisión, la entrega de dádivas ilegales, los abusivos anuncios en la vía pública y el flagrante rebase de los topes de gasto de campaña.
Pero de la misma forma en que las autoridades avalaron las fraudulentas elecciones presidenciales de 2006 y 2012, hoy ofrecen un cheque en blanco al PVEM.
El mismo Córdova trazó el paralelo en su intervención: La pérdida de registro de un partido político es equivalente en el sistema de partidos políticos a lo que es la nulidad de una elección en el sistema electoral
.
El mensaje fue perfectamente claro y se escuchó con enorme beneplácito en Los Pinos: absolutamente todo se vale en la competencia para la Presidencia de la República de 2018. No importa la gravedad, la sistematicidad o la profundidad de las violaciones a la ley. Quien venda más posiciones políticas, incluso a los intereses más oscuros, y compre más votos y complicidades, será el próximo presidente de la República.
El fraude electoral es hoy más consolidado que en 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari robó abiertamente la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas. Hoy se mezclan las viejas prácticas de manipulación gubernamental, compra y coacción del voto y relleno de urnas con las nuevas prácticas de manipulación televisiva, parcialidad arbitral, triangulación financiera y terrorismo mediático.
La única alternancia
que se permite es entre diferentes expresiones de la misma derecha neoliberal que ha malgobernado el país desde hace décadas. En el año 2000, el PRI entregó el poder al PAN para que este partido después se lo devolviera en 2012.
Desde ahora se prepara el relevo en 2018 del PRI al PVEM o a algún candidato supuestamente independiente
avalado por la oligarquía nacional.
Como en los peores regímenes totalitarios, todo está diseñado para que la izquierda se quede al margen del juego político. A regañadientes se permite la existencia del nuevo partido ciudadano Morena, pero simultáneamente se da un cheque en blanco tanto al PVEM como al PRD para minar, atacar y robar despiadadamente los votos de esta nueva opción de izquierda.
Los descarados fraudes cometidos en Chiapas, Guerrero y el Distrito Federal durante 2015 fueron apenas pequeños ensayos para lo que se aplicará en la elección presidencial de 2018.
En este contexto, si la izquierda política quiere conquistar la Presidencia de la República en 2018 debe apostar a una amplia movilización social que rebase por mucho la esfera estrictamente electoral. Morena no puede permitirse el lujo de aceptar las reglas del juego supuestamente democrático
, sino que debe convertirse en la conciencia de la nación y en un vigoroso promotor de la organización social.
De la misma manera, la izquierda social debe romper de una vez para siempre con su sectarismo antipartidos
para estrechar la mano de manera generosa a los millones de militantes de Morena que quieren transformar de raíz a la República Mexicana.
Juntos habría que impulsar desde ahora un masivo programa de educación cívica y vigilancia ciudadana en contra de la compra y coacción del voto, así como una vasta iniciativa nacional de observación electoral. También habría que preparar desde ahora las multitudinarias movilizaciones ciudadanas poselectorales que serán necesarios para hacer respetar el voto en 2018.
Nuestras instituciones han traicionado la democracia. La única forma de expulsar a los diablos que hoy controlan los destinos de la nación será por medio de una amplia alianza política y social a favor de la justicia y la paz.
Twitter: @JohnMAckerman
