nte el ominoso silencio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Tanhuato es el símbolo de la barbarie estatal. Expresión palpable de la necropolítica, de un régimen clasista que decide quién debe vivir y quién debe morir, Tanhuato es la mayor matanza registrada en México desde la guerra cristera. Remite al uso de la violencia como un fin en sí mismo; exhibe la forma en que la política hace hoy del asesinato del enemigo (del Estado) su objetivo primero y absoluto, con el pretexto de la guerra a la criminalidad, la resistencia o de la lucha contra el terror. Muestra a un régimen, el administrado por Enrique Peña Nieto, que, como el de su antecesor, Felipe Calderón, funda su soberanía en el derecho de matar. De exterminar seres humanos considerados desechables y matables (Agamben), y que no puede funcionar más que en estado de excepción o emergencia.

Los hechos. La mañana del 22 de mayo de este año, en el contexto de la llamada Operación Jalisco, coordinada por las fuerzas armadas, un centenar de efectivos federales apoyados por el fuego indiscriminado de un helicóptero Black Hawk artillado tomaron por asalto el Rancho El Sol, ubicado en Tanhuato, Michoacán, donde sorprendieron dormidas y mataron a 42 personas, en su mayoría humildes trabajadores originarios de Ocotlán, Jalisco.

La contradictoria narrativa oficial, expuesta por los comisionados Enrique Galindo, de la Policía Federal, y Monte Alejandro Rubido, de la Comisión Nacional de Seguridad, remite a un feroz enfrentamiento, a consecuencia del cual, y debido al entrenamiento profesional, equipamiento y la superioridad numérica (dos a uno), las fuerzas del orden ultimaron a 42 presuntos delincuentes y habría resultado muerto un agente policial.

Ningún supuesto criminal resultó herido. En el lugar se habrían incautado 36 fusiles y dos armas cortas. Los 42 presuntos sicarios abatidos habrían dado positivo en las pruebas de rodizonato de sodio, lo que significaría que todos habría disparado armas de fuego.

La sospecha. Según testimonios gráficos de la matanza, la mayoría de los cuerpos de los jóvenes abatidos presentaban disparos en el torso o en la frente y quedaron inertes boca abajo.

Algunas imágenes de un mismo sitio, tomadas en momentos diferentes, retrataban cambios en la posición de los cuerpos de las víctimas y permitían constatar que en algunos casos a los muertos se les habían sembrado armas de alto poder. Es decir, los cadáveres habían sido manipulados y la escena del crimen adulterada.

También resultó inédita la eficacia de las fuerzas federales para defenderse de los criminales: el índice de letalidad, 42 a uno y cero heridos, era simplemente contrario a la estadística, además de la desproporción entre el número de muertos y armas decomisadas, y el hecho de que todos los muertos habrían dado positivo en la prueba de la parafina.

Las evidencias exhibían un uso excesivo, desproporcional e irracional de la fuerza pública, al margen de los protocolos y los principios y estándares del Derecho Internacional Humanitario, lo que inducía a considerar la comisión de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

Denuncias incriminatorias. De acuerdo con testimonios de personas que fueron al Servicio Médico Forense (Semefo) de Morelia a identificar a sus familiares, los cadáveres presentaban huellas de tortura: estaban destrozados, mutilados, irreconocibles con balazos en la cara; algunos fueron quemados con ácido o lanzallamas (a seis los habrían calcinado arriba de una camioneta); tenían las manos y los brazos quebrados; había uno con un ojo casi salido y sin dientes; fueron violados con objetos y a varios les cortaron los testículos. A otros, que tenían tiros en la espalda, les aplicaron la ley fuga. Además, según testimonios de sobrevivientes que lograron huir, a varios que estaban dormidos los hicieron hincar y les pegaron un tiro de gracia en la nuca. A otros les pasaron con vehículos por encima. Fue una carnicería. Y en el Semefo de Morelia, los tenían peor que a animales en un rastro, en un matadero, tirados en el piso sobre aserrín y rodeados de barras de hielo, descompuestos, como si fuera parte de una estrategia deliberada.

Los indicios desmentían la versión del enfrentamiento; más bien parecía una masacre. Pero los sicarios muertos no podrían desmentir a Galindo y Rubido.

El pasado 5 de agosto Carlos Loret de Mola reveló que el hecho ocurrió entre las cuatro y cinco de la mañana y, según el peritaje del Ministerio Público federal, más de 70 por ciento de las víctimas aparecía con el tiro de gracia; un cadáver que no presentaba impacto de bala habría sido muerto a golpes. Los cuerpos fueron movidos y las armas sembradas tenían cargadores de modelos distintos y no hubieran podido ser accionadas durante un enfrentamiento. El 11 de agosto la procuraduría de Justicia de Michoacán se declaró incompetente para seguir investigando el caso.

Epílogo. El nuevo capitalismo del siglo XXI se rige por la necropolítica. Los federales actuaron como una máquina de guerra con derecho de matar, igual que en la Alemania nazi. Ejercieron la administración y el trabajo de muerte. Como parte de un ritual, exterminar al enemigo del Estado se convierte en la prolongación de un juego macabro.

En el Semefo los agentes se burlaban: Los agarraron como pajaritos, dormidos en su nido a los hijos de puta. El mensaje es claro: el soberano puede matar en cualquier momento, de todas las maneras.

La nueva soberanía consiste fundamentalmente en el ejercicio de un poder absoluto al margen de la ley y donde la paz suele tener el rostro de una guerra sin fin (A. Mbembe).

Se militariza la vida cotidiana. El objetivo del terror y el necropoder es el sometimiento social; la sumisión del Otro. Quien se resiste es desechable, exterminable. Asistimos a una tonton-macutización del régimen como parte de una dinámica depredadora organizada de re-territorialización con fines de dominación económica, al servicio de un gobierno privado indirecto, difuso y sin escrúpulos. Tanhuato no es un caso aislado.