Pachuca, Hgo.

Vecinos de la colonia Abril desalojados de un predio hace tres años por granaderos que además demolieron sus viviendas, solicitaron al Congreso estatal que llame a comparecer al secretario de Gobierno, Salvador Elguero, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal, Juan Manuel Menes, para que expliquen por qué el gobernador Francisco Olvera no aceptó una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH), que le ordenó indemnizar a 200 familias que perdieron sus viviendas.

En su momento, el gobernador Olvera justificó el desalojo, realizado el 29 de enero de 2012, con base en una orden judicial a favor de la agrupación Antorcha Campesina, identificada con el Partido Revolucionario Institucional, que aseguró ser dueña del predio.

Olvera argumentó que el terreno fue invadido y lotificado por integrantes de la Unidad de Fuerza Indígena y Campesina, encabezados por la representante de esa agrupación, Edith Ibarra, conocida como La Güera, quien fue aprehendida el 28 de enero de 2012.

El 12 de septiembre de 2013, la CDHEH emitió una recomendación en favor de las 200 familias desalojadas, por considerar que compraron los lotes de buena fe y recibieron paquetes de materiales de construcción del mismo gobierno estatal.

Casi dos años después, el gobierno del estado no ha aceptado ni cumplido lo que ordenó la CDHEH: el pago de reparaciones de daños a las casas de las 200 familias y el otorgamiento de créditos de vivienda, pues fueron compradores de buena fe y Edith Ibarra los engañó, explicó Estephany Alinne Vera Ángeles, representante legal de los mil 200 afectados.

La CDHEH determinó que el gobierno estatal violó el derecho de las 200 familias a tener una vivienda, como estipula el artículo cuarto constitucional; además, no podía quitarles algo que ya tenían, explicó Alinne Vera.

Indicó que los afectados entregaron el 16 de julio a Ernesto Gil, presidente de la junta de gobierno del Congreso de Hidalgo, una solicitud para que el secretario de Gobierno y el presidente del Tribunal Superior de Justicia sean llamados a comparecer.

Reprochó que Gil hizo caso omiso a nuestra solicitud, por lo que el pasado viernes 7 de agosto interpusimos otro oficio, para recordarle al presidente de la Junta de Gobierno del Congreso nuestra solicitud.

Vera Ángeles advirtió que si el Congreso de Hidalgo no llama a comparecer a Elguero y a Menes, los afectados acudirán ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.