Toluca, Méx.

Cientos de profesores de diversos sindicatos marcharon en esta ciudad para protestar porque el impulso a la reforma educativa, que en realidad es laboral, busca acabar con la enseñanza pública.

Denunciaron que se ha dado prioridad a las evaluaciones punitivas, en las que está latente el despido automático, pues deben firmar su renuncia anticipada.

Integrantes de las secciones 17 y 36 de los sindicatos Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), así como organizaciones independientes, comenzaron su protesta desde las 11 de la mañana. Marcharon por avenida Las Torres hacia el centro de Toluca, donde se concentraron frente al palacio del gobierno.

Arturo Alcalá Balderas, secretario de la organización Sector Independiente Ricardo Flores Magón, argumentó que la reforma apunta a la privatización de la escuela y atenta contra el trabajo de maestros, porque en cada una de las cuatro etapas de la evaluación está latente el despido automático.

Muestra de esto es que para ser evaluados, los maestros primero deben aceptar su renuncia anticipada, aseveró Alcalá Balderas.

Detalló que la segunda etapa de la evaluación exige subir a una plataforma virtual evidencias del desempeño profesional; entre ellos, exponer casos de alumnos de excelencia y de bajo aprovechamiento; someterse a un examen del ejercicio profesional y exhibir sus labores de planeación.

Mencionó que en un principio las autoridades educativas determinaron que el 15 de agosto vencía el plazo para subir sus reportes de desempeño profesional a la plataforma de evaluación; ello implicaba despidos en automático, pero de última hora se recorrió el tiempo para el 18 de septiembre.

Los plazos, expuso, son muy cortos para cumplir con los requisitos y esto se agrava cuando hay sitios donde no existen condiciones para cumplirlos; hay desigualdad geográfica y tecnológica, por ejemplo en el sur del estado de México no hay electricidad ni aulas de cómputo y es difícil que haya Internet.

El recorrido fue vigilado por la policía estatal e integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana.