e dio a conocer ayer un documento emitido por el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, en el que solicita a los poderes de la Unión la intervención de las fuerzas armadas en esa entidad para evitar cualquier respuesta agresiva que pudiera emprender la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), a raíz del decreto que eliminó de un plumazo el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.

Es de observar, en primer lugar, el carácter extemporáneo del escrito mencionado, lo que pone de manifiesto, cuando menos, una grave anomalía institucional. Debe recordarse que las calles de la capital oaxaqueña tienen presencia militar por lo menos desde el 7 de junio, como parte de un criticado operativo para resguardar la realización de los comicios federales, y que desde entonces los soldados, policías federales y efectivos de la Gendarmería permanecieron en la entidad.

Da la impresión de que lo que el gobierno de Cué quiso hacer es revestir de legalidad, a posteriori, una decisión eminentemente tomada desde la Federación, que vulneró el orden institucional oaxaqueño y soslayó en forma por demás indebida los poderes de esa entidad soberana, en clara vulneración del pacto federal.

En el mismo contexto de desarreglo institucional se inscribe la solicitud al Congreso estatal para que sus integrantes se sumen a la solicitud formulada por Cué. Debe recordarse que es a la Legislatura local, y no al Ejecutivo, a la que corresponde solicitar la presencia policiaca y militar en el estado; hasta ahora, sin embargo, no hay evidencia de que el Legislativo oaxaqueño haya requerido presencia federal en la entidad, por lo que ésta resulta ilegal.

La falta de respeto a las formas institucionales, a la ley y a la soberanía del estado debieran ser suficientes para rechazar la presencia militar en Oaxaca, pero a ello se suma la improcedencia y torpeza política de esa medida. En efecto, si algo ha destacado en las movilizaciones realizadas por la CNTE a raíz de la desaparición del Ieepo ha sido su carácter pacífico. No hay razón, por tanto, para dar a esa organización un trato equiparable al de amenaza a la seguridad nacional mediante el envío de fuerzas armadas. Dicha determinación, por lo contrario, constituye en el momento presente –repleto de focos de tensión y descontento social, inseguridad y violencia– una provocación y un mensaje ominoso: que la inconformidad social y política se persigue con una fuerza y una determinación que el Estado no dispensa, por ejemplo, para perseguir a la delincuencia.

Es necesario que las autoridades federales recapaciten y que enmienden los yerros cometidos en Oaxaca, empezando por su decisión de militarizar la capital de esa entidad. El gobierno estatal, por su parte, debiera enfocar sus esfuerzos, no en simulaciones extemporáneas para dar revestimiento legal a situaciones a todas luces anómalas, sino en buscar una salida negociada y pacífica al conflicto que se vive en la entidad. Bien haría el Ejecutivo estatal en recordar que la hegemonía priísta en Oaxaca pudo romperse en 2010 como resultado de una convergencia entre la izquierda electoral y un crisol de movimientos sociales como los que ahora son hostilizados por policías y soldados.