Chilpancingo, Gro.

El promotor de la policía comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González, detenido en el centro de readaptación social de Chilpancingo, considera que sólo con la movilización se logrará la libertad de todos los presos políticos.

En entrevista vía telefónica desde la cárcel, Molina González afirmó que por la vía legal es difícil que avancen los procesos para liberar a los presos políticos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (Crac-PC), recluidos en diversos penales del estado, y en el país la situación se ha complicado porque hay muchas trabas que impone el gobierno.

Insistió: Confío en que la movilización del pueblo logre que finalmente liberen junto a Nestora Salgado García, a Arturo Campos Herrera, Bernardino García, y Marco Antonio Suástegui, entre otros, porque los jueces nos están acusando como si fuéramos ciudadanos armados, sin tener en cuenta que somos policías comunitarios, y sin tomar en cuenta las leyes que nos sustentan.

Haríamos un llamado a los compañeros de las organizaciones sociales, a toda la Crac-PC, porque está en juego la Ley 701 (referente al reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Guerrero), y no es sólo lograr nuestra libertad, sino obligar a que el gobierno respete las leyes que nos sustentan, incluida la Constitución, que también se refiere a los pueblos indígenas u originarios, recalcó.

Manifestó que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero no tenía ninguna justificación para detenernos; por eso queda demostrado que si estás contra el gobierno, si dices la verdad, y si afectas sus intereses te van a encarcelar.

Sostuvo que en su caso, manifestarse fue por acuerdo de la Crac-PC, denunció que en el gobierno había funcionarios ligados a la delincuencia organizada y denunciarlo bastó para que se me encarcelara, sin que realmente haya cometido algún delito.

Recordó que tiene nueve causas penales, en algunas de las cuales se ha avanzado, y en otras no; dos no se habían tocado y están en Tlapa, y son las mismas que tiene la compañera Nestora Salgado García.

Molina, quien fue detenido en noviembre de 2013 y recluido en un penal de Oaxaca, luego trasladado al penal de Almoloya, estado de México, y de ahí al Cereso de Chilpancingo, mostró sus dudas respecto de la ley de amnistía que propuso el gobierno estatal, a petición de las organizaciones sociales; sería una vía que pudiera derivar en nuestra libertad, aunque aceptarla significaría admitir que cometimos algún delito, y no fue así.

En ese sentido, el coordinador de la policía comunitaria de Olinalá, Bernardo Ayala Jiménez, criticó las estrategias dilatorias del gobierno estatal para liberar a Nestora Salgado García, quien el próximo 23 de agosto cumplirá dos años recluida.

Ayala Jiménez, quien actualmente suple a Salgado García al frente de la policía comunitaria de Olinalá, reprochó que nunca responden en los números telefónicos que les proporcionaron autoridades estatales.

Lamentó que el gobierno no ha demostrado por la vía jurídica de qué delitos es acusada Nestora, es una presa política, en lo jurídico no hay nada que perseguir, los cargos que le imputan no tienen validez.

Advirtió que el gobierno nos obliga a manifestarnos y no demuestra interés por resolver los problemas.

Expresó que a partir de que la policía comunitaria inició sus actividades en Olinalá, se terminó la delincuencia, los secuestros, las extorsiones. Y Ahora que llegaron los militares, nos hostigan.