De aprobarse en sus términos la nueva Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados que actualmente analiza el Senado, lejos de ser un paso para adelante sería un paso para atrás, aseguró Mario Salazar Lazcano, presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (Cnec).

El dirigente del organismo que agrupa 250 empresas en el país dedicadas a proveer servicios de ingeniería para obras de infraestructura (como estudios de factibilidad técnica, económica, financiera, legal, jurídica, análisis topográficos, de impacto ambiental, social y urbano) dijo que uno de los aspectos más preocupantes de la nueva ley es que en caso de defectos en las obras, se estipula una corresponsabilidad igualitaria de las empresas que participen en los proyectos, aun cuando la participación de las consultoras no pasa de 6 por ciento, mientras que el mayor peso recae en las empresas de suministro y construcción.

La iniciativa de ley fue enviada en noviembre por el titular del Ejecutivo a la Cámara de Diputados y aprobada por ésta en diciembre vía fast track, de donde pasó al Senado. Se esperaba que éste la aprobara entre marzo y abril de este año, pero fue detenida porque diversos actores expresaron sus inconformidades.

Reconoció la apertura mostrada por el Senado para escuchar las preocupaciones de todas las organizaciones que tienen que ver en la cadena productiva de la infraestructura, pues dijo: estábamos sumamente preocupados por la dinámica que había tenido esta ley.

La expectativa es que para el primer periodo de sesiones de septiembre la iniciativa regrese a la Cámara de Diputados con las modificaciones planteadas para su análisis final y publicación.

Salazar Lazcano explicó que la minuta aprobada por los diputados sujeta el pago de los proveedores a que el Instituto Mexicano del Seguro Social emita un documento de no adeudo para que el finiquito del contrato se pueda lograr en un plazo de 10 días.

Se está poniendo en manos de la empresa una responsabilidad sobre un documento que genera el gobierno en un plazo que no puede comprometer la consultora. Además está trayendo a una ley de obra pública una ley supletoria, que es la ley del IMSS, lo que tiene, en este caso, un claro efecto recaudatorio, lamentó.

Señaló que en total son siete artículos los que, desde la óptica de la firma, se deben revisar en aras de que la ley sea realmente positiva.

Detalló que otra de las preocupaciones es que la redacción del texto final pueda dejar a malas interpretaciones lo estipulado en el artículo 134 de la Constitución mexicana, donde se señala que en el caso de las compras de gobierno se deben garantizar las mejores condiciones para el Estado.

A veces se ha llegado al extremo de interpretarlo como comprar barato y eso no necesariamente es sinónimo de garantizar mejores condiciones, dijo.

Explicó que algunas empresas advenedizas o que tienen problemas financieros, tratan de obtener contratos públicos ofreciendo precios temerariamente bajos.

Otra de las preocupaciones es que en la iniciativa se estipula que para poder iniciar una obra se tiene que contar por lo menos con 75 por ciento de los estudios necesarios para su ejecución. Sin embargo el especialista señaló que determinar un porcentaje en un tema de planeación es muy difícil, por lo que proponen utilizar el término de ingeniería básica extendida, el cual es bastante conocido y que da elementos para que se pueda contratar.

El presidente de la Cnec, cuyos afiliados generan 680 mil empleos directos y aportan 2.4 por ciento del PIB, dijo que este año ha sido muy complicado para la industria porque ha habido una contracción importante en materia de servicios relacionados con la obra pública y los pagos se han retrasado mucho.